El exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, detenido, junto a otras siete personas, el pasado martes en el marco del caso Tristán, una secuela de la operación Arcos, declaró ayer ante los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según pudo saber este periódico, éste negó conocer a los funcionarios del catastro que supuestamente manipulaban las bases de datos para falsear la clasificación urbanística de las parcelas que después compraban los inversores extranjeros con idea de construir en ellas.

Sin embargo, según informó el Instituto Armado el pasado martes, los suelos eran no urbanizables y, por tanto, en ellos no se podía construir, de ahí el delito de estafa que se investiga en esta pieza separada, sobre la que pesa aún el secreto de actuaciones para las partes. Asimismo, al exregidor socialista, ahora independiente, se le preguntó por licencias de obra muy antiguas, algunas de 1999 y otras de 2002. Esos permisos habilitarían «casas en suelo rústico», siempre según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y de la juez instructora de esta trama de corrupción, Irene Urbón.

Entre los arrestados hay un funcionario de la unidad de gestión catastral del Patronato de Recaudación y dos de la gerencia territorial del catastro, ubicada en Hacienda. Y entre los imputados, otros tres auxiliares de gestión.

Fue una declaración larga en la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, ubicada en el Arroyo de los Ángeles. Ya por la tarde el declarante fue el ex jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, José Mora. Está previsto que algunos de los ocho detenidos y de los siete imputados en esta nueva oleada del caso Arcos pasen hoy a disposición de la instructora para declarar.

La Guardia Civil afirma que los funcionarios, «coordinados por un abogado, modificaban las bases de datos del catastro con la finalidad de introducir en la misma información falsa o cuando menos engañosa, dando cobertura legal a la construcción de edificaciones en suelo no urbanizable». A cambio de ello recibieron comisiones ilegales.

Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción, por su parte, aseguró ayer que era vox populi en la Axarquía que a cambio de dinero se podían efectuar modificaciones en el catastro dirigidas a especular con el suelo no urbanizable. El presidente del Grupo de Estudios de la Naturaleza (GENA), Rafael Yus, explicó a Efe que no le sorprendió la nueva detención del exalcalde. Según Yus, las modificaciones en el catastro forman parte «de las artimañas que se hacen aquí», y afirmó que se trata de «una corrupción extendida a otros municipios, pero difícil de demostrar».

Declaró que, además de «pasar la mano» para autorizar viviendas sin demostrar la necesaria vinculación agrícola, se permitió construir fuera de planeamiento e hicieron «reparcelaciones fantasma» en el catastro. Con respecto al exalcalde de Alcaucín, que pasó tres meses en prisión, manifestó que su nuevo arresto demuestra «el riesgo de su puesta en libertad, por la posibilidad de que haya tenido de borrar sus huellas».

Hoy podrían pasar a disposición judicial algunos de los detenidos. El decano del Colegio de Abogados, Manuel Camas, recordó que la detención «no es un paso obligatorio» para la declaración de un imputado.