La sección sindical de la UPLB Andalucía en Torrox ha denunciado al Ayuntamiento de esta localidad axárquica ante la Agencia Española de Protección de Datos después de que los agentes policiales hayan descubierto dispositivos de GPS instalados en sus vehículos de trabajo «sin notificación alguna a dicho organismo ni a las personas afectadas por estos sistemas de seguimiento».

«Todos los indicios hacen pensar que la instalación ha sido ordenada o autorizada por el jefe del Cuerpo, con el conocimiento y visto bueno del alcalde, Francisco Muñoz, al objeto de hacer efectivo expedientes disciplinarios a los agentes de servicio por supuestos incumplimientos en el mismo», manifiesta el sindicato en un comunicado. «Este hecho ha sido puesto en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos por el incumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, lo que puede suponer sanciones de hasta 300.000 euros», agrega.

Los afectados añaden que en la actualidad también preparan «acciones judiciales paralelas», al objeto de «paralizar los mencionados expedientes y para poner en conocimiento de la Autoridad Judicial la presunta falsedad documental de los mismos por parte del jefe del Cuerpo, el oficial jefe de Servicio y el agente adjunto a la Jefatura».

El Consistorio torroxeño replicó al cierre de esta edición, mediante otro escrito público, que el gobierno no se explica la reacción de los policías. «No alcanzamos a entender cómo medidas encaminadas a mejorar la seguridad de unos agentes de policía pueden ser objeto de desprecio y desprestigio por parte de quienes deberían sentirse satisfechos por las mismas, actitud a todas luces impropia de quienes supuestamente no tienen nada que ocultar», se subraya en el texto.

«Con todas las garantías legales». Apunta el equipo de gobierno socialista que los sistemas de este tipo «son habituales en todos los cuerpos de policías» y que los que están en fase de instalación en Torrox cumplen «con todas las garantías legales que marque la normativa vigente».

El Ayuntamiento explica en la nota que se está en fase de remodelar las instalaciones policiales «con el objetivo de coordinar los distintos efectivos de Policía y Protección Civil, a través de un Centro de Coordinación de Emergencias, en colaboración con el 112 y otros cuerpos de seguridad».

Estas instalaciones estarán dotadas, como continúa el comunicado, «de un panel de control para mejorar la seguridad de los agentes y de los vehículos a su disposición, teniendo en cuenta que el municipio cuenta con 52 kilómetros cuadrados de extensión y que en muchos momentos se realizan patrullas unipersonales». El gobierno local también denuncia que agentes de UPLB han utilizado horas sindicales en turnos de madrugada con el «único objetivo de denunciar» la prestación del servicio con patrullas unipersonales.