Los despidos improcedentes podrían salirles muy caros al Ayuntamiento de Vélez Málaga, según la portavoz del PSOE, María Salomé Arroyo, quien afirma que los 15 extrabajadores que han denunciado esta situación y cuentan con sentencias judiciales favorables, podrían suponer más de 500.000 euros si no son readmitidos.

Los despidos se produjeron en la Empresa Municipal de la Vivienda, Emvipsa, así como en el Plan de Iniciativa Urban de toda la Vila, y que se efectuaron desde julio pasado. Algunos de ellos, antes de que culminara el período de contratación.

«Hemos tenido una reunión con los afectados y según sus cálculos el Ayuntamiento les debería abonar esa cantidad», señaló la edil socialista. «Estas personas tenían que haber vuelto a sus puestos porque hay una sentencia firme que así lo dice, pero esto no se produce; por lo que habrá que pagar».

Estas cantidades corresponderían al salario de tramitación, el coste de Seguridad Social y la indemnización. «En el caso de que los readmitieran, la indemnización no procedería, pero sí habría que pagarles el salario de tramitación y Seguridad Social», precisó Juan Carlos Márquez, edil del PSOE.

Márquez señaló el caso de tres trabajadoras pertenecientes a la guardería municipal y las cuales habían finalizado su contrato, «pero el motivo del cese era porque no hacía falta personal, según les comunicaron, y resulta que poco después hay otras tres personas ocupando esos mismos puestos; y eso también es despido improcedente. Lo reclamaron y ganaron».

«El equipo de Gobierno saca muy buena nota en la destrucción de puestos de trabajo y no entendemos como el alcalde, que ha sido inspector de trabajo, esté permitiendo y ejecutando despidos con sentencia firme que están siendo declarados improcedentes, lo que obliga al Ayuntamiento a la readmisión de los mismos», señaló Arroyo.

«El actual equipo de Gobierno hace y deshace a su antojo. Cuando entraron en el Ayuntamiento dijeron que su prioridad era la creación de empleo, se presentaron de hecho como el partido del empleo y en este tiempo se han incrementado la cifra de parados en el municipio en 2.000 más».

El concejal responsable de Emvipsa y Plan Urban, Antonio Martín (PP), indicó que el Consistorio ha presentado recursos a estas sentencias «por lo que esperaremos a lo que decida el juez» y apuntó que «la readmisión en los puestos no es posible, debido a la reducción de la plantilla en Emvipsa, conforme al plan de saneamiento».

En Emvipsa han pasado de 575 empleados a cerca de 300 en un período de un año. Unos 148 pertenecían al programa de Renta Básica, un plan de empleo temporal para personas con pocos recursos económicos por seis meses y que concluyeron en octubre de 2011. El resto han sido despedidos o bien había concluido su tiempo de contrato, es decir, unas 127 personas.