Viviendas irregulares

Un decreto sin llave en mano

Beneficiarios de la normativa de la Junta acabarán este año sin haber podido avanzar en los trámites administrativos

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El decreto para la regularización de las viviendas de la Axarquía se aprobó a principios de este año.
El decreto para la regularización de las viviendas de la Axarquía se aprobó a principios de este año.  La Opinión
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Fran Extremera El decreto que la Junta de Andalucía puso en marcha justo antes de las pasadas elecciones autonómicas y que sólo en la comarca de la Axarquía iba a permitir la regularización de 11.000 viviendas ilegales no ha servido de mucho. Al menos hasta ahora, transcurrido ya bastantes meses. Los propietarios de viviendas irregulares de toda la provincia han visto cómo ha salido a la luz la realidad que sufren, con motivo de la puesta en marcha de otro decreto público para el acceso a ayudas por el incendio de Mijas.

Aunque finalmente podrán beneficiarse de esas subvenciones los dueños de casas «que demuestren su titularidad a través del pago del IBI u otros documentos similares y siempre que sea su vivienda habitual», lo cierto es que muchos de los potenciales beneficiarios van a quedar excluidos porque sus inmuebles mantenían la condición de «ilegales». Las llamas que asolaron decenas de viviendas irregulares en la mayoría de municipios afectados (Alhaurín el Grande, Ojén, Marbella, Mijas y Monda) han «sacado las vergüenzas» sobre la ineficacia de lo aprobado por la Junta a principios de año, tal y como señalan portavoces de los propietarios de viviendas en situación irregular.

Los técnicos, por su parte, son también pesimistas. Reconocen que existe «una vía abierta», pero que se ha demostrado que no sirve para nada. Para empezar, los ayuntamientos deben haber completado unos inventarios rigurosos que exigen gasto económico, por su parte y por la de los propios beneficiarios –en materia de mejora de las instalaciones de sus viviendas–. No ha sido posible. Pero además de ese aspecto, el de que los dueños tengan «que asumir sus cargas», en municipios con los planes generales recién iniciados, «ni siquiera sirven esos avances en el planeamiento para poder aplicar el decreto regularizador».

Ya son nueve meses de espera. La consecuencia inmediata es que muchos propietarios ya han arrojado la toalla. «Tenemos muchas dificultades en el suelo no urbanizable si no pasa cerca de tu casa una conducción pública de abastecimiento o saneamiento», apunta Miguel Cuesta, cuya segunda residencia se encuentra en Alcaucín. Sólo en este término, la concejala de Medio Ambiente, Elena Fernández (Equo), sostiene que existen unas 1.600 viviendas por regular.

«Para mover una sola piedra en tu parcela y poder acceder a la primera ocupación, todos los gastos ocasionados por mejoras en la red de saneamiento de tu casa van a cuenta del propietario. Y encima tienes que tener un documento que verifique que tu casa está fuera de ordenación, cuando el censo municipal aún no está ni aprobado ni publicado». Como explica Antonio García, vecino de La Viñuela, «es un callejón sin salida, que nos mantiene, como pensábamos hace casi un año, fuera de la legalidad».

Los encargados de tramitar en nombre de estos propietarios sus expedientes ponen de manifiesto diversas paradojas. Una pasa por el hecho de que casi todos sus representados, al menos en La Viñuela y Alcaucín, están dados de alta en el Patronato de Recaudación y pagan el IBI o que figuren sus propiedades en el Registro de la Propiedad, pero que luego se les nieguen determinados derechos básicos por parte de la Junta u otras administraciones.

De momento, en cuanto a quienes han sido víctimas de las llamas en el catastrófico incendio originado en Coín, el periodo para pedir las ayudas está abierto desde el pasado 7 de septiembre y se ha prolongado hasta la primera semana de noviembre. En un primer recuento, por parte de los regidores, en Ojén sólo uno o dos inmuebles, de un total de 400 –en su mayoría aperos agrícolas– se podrían acoger a las bonificaciones anunciadas. Pero es que en Mijas la mitad de las construcciones afectadas también son ilegales, según fuentes municipales.

Los propietarios de viviendas en el interior de la Axarquía dicen que sólo les queda ya rezar para que no ocurra una catástrofe de estas características en la zona, que podría acabar en un «abrir y cerrar de ojos con el sueño de toda una vida ahorrando».


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