El pleno del Ayuntamiento de Torrox acordó ayer por unanimidad la revisión de la tasa de basura industrial para empresas o empresarios autónomos, después de que en multitud de casos -se preguntará al Patronato de Recaudación por el número exacto de afectados- se haya empezado a cobrar de manera retroactiva la totalidad de recibos de los últimos cuatro años y con montantes que llegan a superar la cifra de 1.000 euros.

Los portavoces municipales debatieron de forma conjunta sendas mociones relativas a este mismo asunto y suscritas, por separado, por los grupos de IU y PA. En la exposición de las mismas se especificó que se han girado cobros hasta por triplicado a una misma entidad que tenía, con un único domicilio e identificación fiscal, tres actividades diferentes. «El Patronato les ha dicho a los afectados que presenten sus reclamaciones y en algunos casos ya han podido ser atendidas. Pero la sorpresas es que ahora les han llegado de nuevo los mismos recibos y reflejándose el mismo error», señalaba el portavoz de IU, Antonio Toro.

El alcalde, el socialista Francisco Muñoz, negó que se tratase de demasiados casos, como se indicaba desde las filas de la oposición. Pero el portavoz andalucista, José Pérez, incluso planteó la posibilidad de que la aplicación de la ordenanza que regula la tasa de basura industrial no se ajuste a la legalidad vigente. Finalmente hubo consenso para modificar la tasa en el próximo pleno y también con el objetivo de mediar entre afectados y el Patronato de Recaudación, de manera que quienes rechacen los recibos no tengan que hacer frente a recargos de hasta un 20%.

La sesión plenaria, que discurrió con relativa fluidez durante las cinco primeras horas, se crispó al final. En pleno debate sobre medidas nacionales sobre el fomento del empleo activo, la concejala del PP y diputada nacional, María Baena, hizo alusión al escándalo de los ERE en Andalucía y, tras intervenir fuera de su turno, fue expulsada por el regidor. Sus cuatro compañeros se ausentaron ahí.