El alcalde de Vélez Málaga, Francisco Delgado Bonilla (PP), señaló ayer que el decreto aprobado por la Junta de Andalucía sobre la adecuación al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y protección del litoral andaluz supone la paralización de trece proyectos urbanísticos del municipio, «lo que se traduce como un castigo para los municipios costeros andaluces».

El alcalde de la capital axárquica indicó que se verán afectados principalmente los núcleos de Benajarafe, Chilches y Lagos «al paralizar los planes parciales de suelos urbanizables, muchos de ellos con expedientes aprobados. Mi pregunta es si a la gente que adquirió esos suelos como urbanizables hay que indemnizarles, quién lo hará, porque está claro que no será el Ayuntamiento», especificando que recurrirá esta medida junto con otros miembros de su partido ante el Tribunal Constitucional.

«El 30% de la población andaluza vive en el entorno costero y la Junta actúa de forma descoordinada y no facilita el desarrollo sostenible del litoral andaluz», puntualizó Delgado Bonilla. «Este decreto es una contrarreforma a la Ley de Costas del Gobierno de Mariano Rajoy, que dio mayor capacidad a los ayuntamientos a la hora de ordenar los chiringuitos y algunas viviendas históricas cerca de la costa».

En este sentido, el regidor veleño valoró el decreto «como una clara invasión de competencias propias de los ayuntamientos costeros, por lo que estaríamos ante un fraude de ley, ya que se trata de competencias que corresponden a los municipios para fijar las bases del modelo de ciudad».

«La Junta de Andalucía pretende ordenar y meter en cintura a los ayuntamientos en materia urbanística, y sobre todo a los de la Costa del Sol, cuando estos atraviesan la crisis económica más grave de los últimos 30 años y, encima, se decide actuar y legislar ahora cuando la actividad en el sector inmobiliario es escasa», apuntó Delgado Bonilla.