Otro macrocaso comienza a hacer maniobras de aproximación a la Audiencia. Esta vez es el caso Arcos contra la corrupción política y urbanística en Alcaucín, una vez que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez Málaga, Irene Urbón, dictara el pasado lunes un auto por el que procesa a 51 imputados y archiva los cargos contra 15. Entre los encausados están el exalcalde socialista del municipio, José Manuel Martín Alba, el ex jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora, y el abogado P. J. G., considerado por la Guardia Civil como un conseguidor.
El auto tiene 300 folios y en él se detallan los indicios racionales de criminalidad contra los procesados: al exalcalde se le procesa, entre otros, «por múltiples delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación urbanística y cohecho», según fuentes de la investigación, que añadieron que el sumario cuenta ya con 50.000 folios: 25.000 de los autos principales (76 tomos), 2.500 de las piezas documentales (9 tomos), 18.878 de atestados policiales (50 tomos) y los informes periciales (3.214).
Se trata fundamentalmente de una trama urbanística que permitía la construcción de casas en suelo no urbanizable que luego eran legalizadas por el Ayuntamiento con los presuntos sobornos correspondientes por parte de empresarios y particulares. También hay algunos constructores. Al final estaba la promesa de legalización de esas fincas. Fuentes de la investigación señalaron ayer que «Alcaucín agotó su suelo urbano, porque las normas subsidiarias eran antiguas, y empezó un proceso para adaptarlo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para ganar suelo urbano, pero el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) dio al traste con eso». En concreto, el municipio trató de recalificar todo su extrarradio -144.000 metros cuadrados- con el fin de legalizar los desmanes, según indica la Guardia Civil en el Sumario.
Las mismas fuentes insistieron ayer en que la presión policial y judicial también paró ese modo de hacer del Consistorio. «Las licencias de obra se daban sistemáticamente sin informes técnicos; ni siquiera existía una resolución propiamente dicha: se daba con una cruz en la casilla de concedida existente en la solicitud».
Muchos permisos, insisten las fuentes, «se daban el mismo día de la solicitud». En la causa se recoge la existencia de construcciones en suelo no urbanizable sobre las que se habían incoado expedientes de recalificación, y otras parcelas sobre las que se otorgaron licencias de rehabilitación con informes presuntamente falsos sobre ruinas, siempre según las fuentes conocedoras del auto.
Martín Alba y 12 personas más fueron detenidas el 27 de febrero de 2009 por corrupción urbanística, cuando el caso Arcos, que empezó a instruirse en septiembre de 2008 tras varias denuncias anónimas de vecinos, saltó a la luz. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue clara en sus informes: hablaba de una trama de corrupción político-empresarial que construía y legalizaba viviendas en suelo no urbanizable. «Todo apunta a que existen evidentes conexiones entre el alcalde y empresarios del sector inmobiliario que actúan en la localidad realizando operaciones urbanísticas presuntamente al margen de la legalidad, y por las que Martín Alba podría haber recibido compensaciones personales que habrían engrosado su patrimonio».
En ese contexto se incluye el intento de recalificación de todo el extrarradio que tumbó la Junta: una huida hacia delante cuando en toda la Axarquía había más de 20.000 viviendas ilegales y los alcaldes expresaban, en las conversaciones intervenidas por la Policía Judicial, su preocupación por cómo tramitar el urbanismo y las consecuencias penales de ello.
El alcalde y el arquitecto José Mora estuvieron en prisión preventiva tres y dos meses, respectivamente, y salieron tras pagar 120.000 euros de fianza. Martín Alba, albañil y cantaor conocido como El Calayo, siempre defendió su inocencia y llegó a decir que le habían falsificado su firma en los informes. Mora y Martín Alba eran amigos. «El arquitecto es la persona que, según parece, realiza la mayor parte de los informes utilizados para amparar expedientes de legalización de viviendas en Alcaucín», dice la Guardia Civil, y a él se le atribuyen diversos cobros por realizar supuestamente informes manipulados.
La otra gran pata de la investigación saltó a la luz pública en marzo de 2012, cuando se supo de la existencia de una subtrama de cuatro funcionarios del Catastro que modificaban inscripciones de parcelas para permitir construcciones irregulares. En concreto, el Instituto Armado cree que dos de ellos cobraron hasta 40.000 euros.
En esta subtrama destaca especialmente un abogado recién licenciado, P. J. G., una persona «sistemática y minuciosa» que anotó los sobornos a los empleados.
@saumartin
