Un grupo de integrantes de la comunidad educativa, docentes y progenitores, del CEIP Custodio Puga de Torre del Mar han interpuesto una denuncia ante las autoridades locales y la Policía por la ocupación de cuatro viviendas de maestros por parte de otras tantas familias y la sucesión de incidencias derivadas de estos hechos. En un comunicado público, fuentes del centro educativo indican que durante las pasadas fiestas navideñas aparecieron en el patio del colegio, que en parte está ocupado por estos inmuebles, «pastillas de origen desconocido, colillas y otros objetos».

«En el edificio de los ocupas se encuentra otra familia que lleva en él muchos años, pero desde que han ocupado el resto nos hemos encontrado con una serie de problemas que ya conoce el Ayuntamiento y se están intentando buscar soluciones», se especifica. Estas casas son de titularidad municipal, según agregan los responsables del colegio, y «por la tranquilidad de los padres y madres y de todo el profesorado pretendemos que el Consistorio tome cartas en el asunto. Lo más penoso es que las familias ahí ni tienen agua y se da el caso de que entre los ocupas hay alumnos del centro». Un colegio que alberga a 450 alumnos, desde Infantil de 3 años hasta sexto de Primaria, tal y como también se señala en el comunicado.

La situación de las familias ocupas es verdaderamente dramática. Una pareja de jóvenes de 21 años, que espera dar a luz próximamente a su primer hijo, explican a este periódico que se valen de la «caridad de los taxistas» de la parada principal de Torre del Mar, situada a escasa distancia de estas casas, «para coger en garrafas todo el agua que necesitan».

La única familia que sí tiene un derecho histórico adquirido sobre la propiedad, al acumular 23 años de residencia en la misma, como heredera de históricos integrantes de la comunidad escolar de este centro, defiende que no ha tenido «ningún problema con los ocupas. Al contrario, es muy injusto que el Ayuntamiento haya tenido estas cuatro casas vacías durante ocho años», apunta una de las personas de esta unidad familiar.

María Antonia González, de 50 años, es la única ocupa que accede a facilitar su identidad. Convive con su marido y tienen una única renta, tras la jubilación de él, de apenas 400 euros. «Con este dinero no podemos permitirnos ningún alquiler. Las cuatro familias hemos estado reunidas con el alcalde y la respuesta es positiva. Van a intentar fijar una renta mensual en función de nuestra situación».

Ninguna de estas familias comprende la queja de docentes y padres y agrega que al patio del colegio «también dan muchas otras viviendas privadas, desde las que se pueden tirar cosas». Agregan al analizar la denuncia que existe la «costumbre» de acusar al ocupa de lo malo que ocurra en un sitio sin «ningún tipo de argumento». Además, los hechos que se han trasladado a los agentes policiales son de hace escasas fechas, pero en las casas conviven estas cuatro familias «desde hace unos nueve meses». En este periodo, los servicios municipales trabajan en la «búsqueda» de una solución que al menos evite que las casas tengan suministro eléctrico y no de agua.