Asociación SOHA

Residentes de la Axarquía reúnen 20.000 euros para recurrir a Estrasburgo

Unos 200 integrantes de la asociación SOHA ha iniciado la recaudación del dinero necesario para defender la legalidad de sus viviendas en Europa

03.02.2014 | 05:00
Unos 200 residentes participaron en la primera asamblea anual de SOHA.
Unos 200 residentes participaron en la primera asamblea anual de SOHA.

­Unos 20.000 euros. Es la cifra que tendrán que abonar los residentes en la Axarquía que forman la asociación Save Our Homes in Axarquía (SOHA), en su mayoría potenciales beneficiarios del decreto de la Junta de Andalucía para regular sus viviendas, construidas en suelo no urbanizable. Ante la «nula» evolución de los procesos para mejorar la situación legal de sus casas y la serie de acuerdos establecidos, a instancias de la administración autonómica, para derribar numerosos inmuebles, los afectados han decidido apelar a Europa.

La cantidad servirá para que expertos juristas de diversas universidades españolas y británicas y algunos exintegrantes de los más altos tribunales puedan demostrar «la indefensión» de estos residentes a la hora de «apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

En la primera asamblea de 2014 convocada por SOHA, más de 200 asociados recibieron cumplida información de un procedimiento que no será en absoluto abreviado. Se requerirán meses y meses para ultimar el documento a remitir a Estrasburgo. Después será necesaria una nueva espera para culminar el proceso. Sin embargo, los afectados coinciden en que la Junta de Andalucía «no ha respondido a las expectativas que creó con el decreto». Así lo reflejan varios afectados de la Urbanización las Huertas de Alcaucín, en un comunicado que desde hace unos días reparten con el siguiente lema: «La Junta de Andalucía está intentando anular todas nuestras licencias. Nuestras casas podrían ser demolidas. ¿Cómo de segura es la tuya? Ayúdanos».

Precisamente, en el último pleno de Alcaucín se dio luz verde a la anulación de más de una docena de licencias de obra de viviendas que fueron construidas de forma irregular, en suelo no urbanizable, en dicha zona. Varios de los portavoces políticos que respaldaron la medida subrayaron que habían tenido que cumplir la ley, pero a la vez invitaron a estos residentes a luchar por su «indefensión donde fuese necesario».

De momento, de forma espontánea, los residentes reunidos en la primera asamblea de este año pusieron en marcha una colecta popular que esta semana se ampliará a otros grupos de afectados.

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