El Juzgado de Sevilla que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha decretado el embargo de varias viviendas ubicadas en Jaén y Málaga propiedad de María Nieves Ruiz Pérez y María Josefa Martínez Elvira, ambas 'intrusas' en el expediente de la empresa textil malagueña Hitemasa y esposas de sindicalistas de UGT-A, a fin de cubrir las fianzas de responsabilidad civil que les impuso la juez Mercedes Alaya.
Así, y en un decreto dictado el pasado 24 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla embarga a María Josefa Martínez Elvira un apartamento ubicado en Vélez Málaga para cubrir la fianza civil de 30.000 euros que le impuso la magistrada.
Este inmueble fue designado por la propia imputada y la secretaria considera que "parece suficiente" para garantizar la cantidad impuesta en concepto de fianza civil.
En un segundo decreto notificado ahora a las partes, consultado por Europa Press, la secretaria embarga a María Nieves Ruiz, para cubrir una fianza civil en su caso de 151.192,99 euros, la mitad indivisa de una casa ubicada en Jaén y una 1/23 parte de una finca localizada también en esta provincia.
La secretaria embarga dichos inmuebles urbanos tras ser designados por la propia imputada, pero dice que ambos se "presumen de pequeñas dimensiones", a lo que se suma que "no se aporta tasación pericial alguna que pudiera justificar su suficiencia", por lo que "no se estiman en principio suficientes" para cubrir la fianza civil impuesta.
Por este motivo, decreta también el embargo telemático de todos sus saldos bancarios y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.
La juez Alaya imputó delitos de malversación y tráfico de influencias a estas dos 'intrusas', quienes en su comparecencia aseguraron que pensaban que estaban cobrando las indemnizaciones por los despidos de sus maridos.
Respecto a Josefa Martínez Elvira, la juez le impuso la fianza civil de 30.000 euros tras tener en cuenta que la imputada ha reintegrado las cantidades reclamadas por la Junta y que fueron cobradas de manera indebida.
