El Ayuntamiento de Vélez Málaga se plantea como una absoluta prioridad, para los últimos meses del presente mandato, acabar con el núcleo chabolista de las Casillas de la Vía, situado en la salida de Torre del Mar hacia Málaga por la antigua CN-340. Es el último de los reductos con estas características en toda la Axarquía.
Alrededor de una treintena de familias conviven en una situación que se agrava significativamente en temporadas de lluvia como la que acaba de empezar, al sufrir pequeñas inundaciones y cortes del fluido eléctrico -al que están conectados irregularmente, como ya reconocían a este periódico a finales de la pasada primavera-.
El alcalde, Francisco Delgado Bonilla (PP), sostiene que para dar respuesta a esta problemática es necesaria la participación decidida de la Junta de Andalucía, debido a que será necesaria la construcción de viviendas alternativas para estas familias. Sostiene que en breve se pondrá en marcha un plan para localizar un suelo adecuado. El Consistorio haría frente a la preceptiva cesión del mismo, pero no podría impulsar la edificación de las casas sin ayuda de la administración autonómica.
Así lo subraya la concejala delegada de Urbanismo, Concepción Labao: «Confiamos en poder pone en marcha el procedimiento para acabar con esta situación en el primer semestre de 2015. La ayuda de la Junta será necesaria, porque el Ayuntamiento carece del montante necesario para acometer en solitario toda la inversión.
Este núcleo chabolista, como los propios residentes del mismo pronuncian sin preguntarles por este aspecto, constituye una «mancha» entre un numeroso grupo de edificios que constituyen el gran ensanche moderno de Torre del Mar. Las familias con domicilio en las calles más próximas se quejan de la abundante presencia de roedores, derivada de la falta de higiene que presenta todo el entorno de las chabolas.
La mayoría de estos inmuebles están compuestos de «dos cuartos», uno que sirve como sala de estar y otro donde en no más de un par de metros cuadrados llegan a pasar la noche hasta ocho personas. Dentro nadie confía en las palabras del gobierno, al «haber escuchado treinta años lo mismo».
