­Aunque la realidad es una, las subjetividad siempre hace de las suyas, y si se trata de política, los puntos de vista siempre están filtrados por la ideología. Al menos, eso parece quedar claro tras la lectura diametralmente opuesta que hacen los populares y los socialistas de la respuesta que la Junta Electoral Central (JEC) da a la consulta efectuada por la Diputación acerca de la situación del alcalde de Benamocarra y diputado provincial, Abdeslam Lucena (PP), condenado a un año de suspensión para cargo público. La JEC dice que lo normal es aplicar la incompatibilidad, y, por tanto, el regidor debería irse, aunque la decisión le corresponde al pleno de la institución supramunicipal.

Lo que hace la JEC es darle una de cal y otra de arena a los dos partidos. Lucena fue condenado por un juzgado de Málaga a seis meses de prisión y un año de suspensión de empleo para cargo público por colocar dos vallas publicitarias frente al instituto de Benamocarra. Los delitos son malversación, injurias continuadas, calumnias y desobediencia. El PSOE solicitó al PP, que gobierna la Diputación, que Lucena, diputado de Servicios Intermunicipales, abandonase sus cargos públicos, y la institución preguntó a la JEC.

En su resolución, la JEC dice que no le corresponde proceder «al enjuiciamiento de situaciones concretas producidas dentro del ámbito de competencia de las corporaciones locales, como sucede respecto del examen de incompatibilidades en que puedan incurrir los miembros de éstas, que es competencia del pleno». Y, seguidamente, aclara en un segundo párrafo: la JEC tiene declarado que el nuevo supuesto de incompatibilidad, introducido en la Ley del Régimen Electoral General (Loreg) en 2011, «relativo a los condenados por sentencia, aunque no sea firme, debe aplicarse, teniendo en cuenta los principios de interpretación estricta de las normas penales». Es decir, que a la Junta Electoral Central no le corresponde decidir si Lucena debe dejar un año su cargo, pero que la interpretación de las normas que hace, sin obligar al alcalde ni al PP, indica que debe irse.

Ayer, PSOE y PP, que libran una dura pugna en la Diputación, volvieron a discrepar y cada partido hizo suyo el párrafo que más se acercaba a su interpretación de los hechos. El PSOE recordó que ahora es el pleno de la Diputación «el que debe hablar».

El portavoz de los socialistas en la institución, Francisco Conejo, anunció que llevarán a la sesión plenaria de octubre una propuesta para que se declare la incompatibilidad de Abdeslam Lucena». «Se acabaron las excusas, es hora de que el equipo de gobierno del PP garantice que esta Diputación cumple con la ley», precisó Conejo, quien pidió al presidente del ente, Elías Bendodo, «que deje de amparar a un condenado por malversación».

El PP, por su parte, recuerda que las normas penales se apoyan en la irretroactividad de las leyes, «que es el caso que nos ocupa», ya que Lucena delinquió en 2008, antes de la reforma de la Loreg de 2011. Por tanto, no tendría que dejar su cargo durante un año. El pleno dictará sentencia.