El PSOE va a llevar ante la Fiscalía al Partido Popular si no deja caer al actual alcalde de Benamocarra y diputado en la Diputación Provincial de Málaga, Abdeslam Lucena, por no aplicar la Ley Electoral General que establece la incompatiblidad del actual alcalde mocarreño al estar condenado por delitos contra la Administración Pública. Abdeslam Lucena fue condenado el pasado 24 de marzo por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga a seis meses de cárcel y un año de suspensión de cargo público por los delitos de malversación de caudales, desobediencia grave a la autoridad judicial, calumnias e injurias continuadas.

Un gran acto ha ocupado estos días la atención de todos los medios en la Axarquía: el regreso de Juan Martín Serón a la alcaldía de Alhaurín el Grande. Con las ascuas del reciente divorcio todavía echando humo, al Partido Popular se le presenta la próxima piedra caliente. A no muchos kilómetros, en Benamocarra, gobierna el alcalde Abdeslam Lucena y el PSOE no está dispuesto a olvidar la sentencia contra el edil popular. A pesar de la «cortina de humo que ha supuesto el caso de Martín Serón», indicaron fuentes socialistas.

Así, y bajo la vorágine de los últimos casos de corrupción, el portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, comparó la situación de Lucena con la de Juan Martín Serón: «Moreno Bonilla y Bendodo siguen manteniendo a un condenado como alcalde de Benamocarra y diputado provincial en la Diputación de Málaga», manifestó Conejo, que también recordó que a «Serón se le ha apoyado hasta hace poco».

El propio Abdeslam Lucena ya confirmó tras su condena que iba a seguir en sus cargos, hasta que agotara todas las vías judiciales y hubiera una sentencia en firme. Precisamente esa presunción de inocencia a la que hizo alusión entra en conflicto con la última modificación de la Ley Electoral General, acordada en el año 2011 entre PP y PSOE. En el punto 6.2 de dicha ley, se establece que «los condenados por delitos contra la Administración Pública, aunque no sea firme, son declarados innelegibles e incompatibles con el ejercicio de cargo público, siempre y cuando la sentencia haya establecido una inhabilitación absoluta o temporal en el cargo público», como es el caso de Lucena.

Un informe encargado por PSOE e IU a la Secretaría General de la Diputación establece también como «incompatible» la situación de Lucena en el ente provincial. Para Conejo, el PP busca «dilatar la situación en el tiempo, mientras apoya a otro diputado corrupto».