La representación legal del que fuera director del instituto de Benamocarra Manuel Ruiz Cazorla, personado como acusación particular en el caso de la instalación de vallas con mensajes contra él, solicitará la ejecución de la sentencia que condenó al alcalde de dicho municipio, Abdeslam Lucena, por los delitos de injurias, calumnias y desobediencia, según ha asegurado el letrado Francisco Galán.
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga confirmó la condena dictada por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga por la que se le impuso a Lucena una multa de 3.300 euros por un delito de injurias, de 6.300 euros por otro de calumnias y se le condenó a seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante ese tiempo por el de desobediencia, absolviéndole del delito de malversación.
El letrado del denunciante ha precisado que en el escrito que prevé presentar este próximo martes se pedirá "que pague todas las multas y también la responsabilidad civil de 10.000 euros que se le impuso y que cumpla la pena de prisión", adelantando que "nos vamos a oponer a cualquier tipo de suspensión de la pena por el mismo criterio por el que el señor Jaume Matas ha estado en prisión con una condena de nueve meses, y es el perjuicio social".
El abogado ha indicado que los recursos que se pueden interponer contra la sentencia, "que ya es firme", como el de nulidad o el de amparo ante el Tribunal Constitucional --anunciados por Lucena--, son "extraordinarios y no paralizan la ejecución de la sentencia". Asimismo, ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que "la pena más grave que se puede interponer a una persona es la de prisión".
Así, Galán ha recordado que la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo, que lleva aparejado el delito de desobediencia, "significa que no puede ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena" --seis meses--; y que la Audiencia también ha "confirmado la deducción de testimonio contra varios trabajadores municipales por falso testimonio en el juicio" solicitada por esta parte.
La Audiencia de Málaga estimó en parte el recurso presentado por la defensa de Lucena y revocó la sentencia inicial del juzgado en cuando al delito de malversación, por el que fue condenado a suspensión de empleo o cargo público durante el plazo de 12 meses y al pago de una multa de 3.600 euros. Así, el Tribunal de apelación lo absolvió de este delito, pero confirmó la condena por los otros tres.
La primera sentencia consideró probado que en julio de 2008 el alcalde ordenó la colocación de dos vallas de gran tamaño, en las que insertó unos mensajes "con clara intención de causar un menoscabo en la dignidad" del que había sido nombrado entonces director del instituto Manuel Ruiz Cazorla, que era, además, concejal socialista en el municipio, "a sabiendas de la falsedad" de los comentarios que ponían sobre si había sido "enchufado". Además, desobedeció la orden de retirar dichas vallas.
Tras conocerse la resolución, Lucena, que es diputado provincial por el PP, anunció que dejará sus cargos en la Diputación, donde es responsable de Servicios Intermunicipales y del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) y dijo que por el momento no renunciará a su acta, pasando, por tanto, al grupo de no adscritos. Asimismo, informó de que iba a interponer un recurso de nulidad de actuaciones "y llegaré si hace falta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
