Construcción

Denuncian que especuladores negocian amnistía total de viviendas ilegales

Ecologistas en Acción ha denunciado las negociaciones con PSOE, PP y Ciudadanos sobre las más de 300.000 viviendas ilegales en Andalucía

02.07.2015 | 13:29

Ecologistas en Acción ha denunciado hoy que los especuladores urbanísticos están negociando con PSOE, PP y Ciudadanos y han logrado introducirse en las esferas de poder político para conseguir una amnistía total de las más de 300.000 viviendas ilegales existentes en Andalucía.
El coordinador de Ecologistas en Acción (EeA) en Málaga, Rafael Yus, ha asegurado en un comunicado que "los infractores y delincuentes urbanísticos", agrupados en colectivos en defensa de la regularización de viviendas irregulares como Save Our Homes Axarquía (SOHA), buscan blindarse de toda acción judicial.

Según Yus, han sabido jugar con la rivalidad política entre PSOE y PP para introducir una reforma en el Código Penal y para "sacarle promesas de reformas legislativas contrarias a la sostenibilidad urbanística".

"Además, se han integrado en organizaciones políticas bisagras como Ciudadanos para forzar a la Junta a modificar disposiciones legislativas a favor de sus intereses".

EeA ha señalado que la primera victoria la obtuvieron en el Senado con un cambio en el Código Penal con el objetivo de retrasar la demolición de las viviendas ilegales hasta que no sean indemnizados sus propietarios, "un paño caliente" que viene a constituir otro nuevo aliciente para la construcción ilegal.

Asimismo, está en cartera de la Junta modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para que se acojan al principio de prescripción las subparcelaciones realizadas en suelo no urbanizable con fines comerciales.

"Hacer que no prescriba este tipo de delitos, los más perniciosos y más atractivos para la especulación urbanística, es el máximo desatino que se puede cometer y lo calificamos un abuso de poder", ha manifestado Yus.

El coordinador provincial de EeA ha insistido en que el discurso de la regularización de las viviendas ilegales es un arma política "devastadora" para el medio ambiente y el paisaje, así como para la política de acción social, al favorecer unas formas constructivas que fomentan la insolidaridad y descohesión social.

"Las reiteradas concesiones a los incumplidores aumentan las reivindicaciones en favor de nuevas flexibilidades, como es el caso de SOHA que ya no se contenta con normalizar las viviendas de los compradores de buena fe, sino dar carta de normalidad a la construcción de viviendas en el campo", ha añadido.

Según Yus, la solución a los problemas de la viviendas ilegales no se combate flexibilizando leyes, sino con una política decidida y financiada, primero de contención y prevención de nuevas construcciones, y luego de gestión, que incluya las demoliciones que sean necesarias.
"Es altamente escandaloso que la Junta solo haya efectuado una media de 4,3 derribos al año, y que de 5.438 casos investigados en los últimos años, sólo se hayan demolido 26 inmuebles, un 0,47 por ciento de los casos, un verdadero escándalo por el efecto llamada que esto tiene", ha abundado el responsable de EaA.

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