Tribunales

Diez años de inhabilitación para el exalcalde de Sedella por prevaricar

El socialista, que ya fue condenado por otro caso, dio permisos de obras para viviendas no ligadas a explotación agrícola

29.12.2015 | 05:00
Gálvez durante su época de alcalde.

El exalcalde socialista de la localidad malagueña de Sedella Francisco Gálvez ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga a diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Durante el juicio, celebrado el pasado octubre, Gálvez se conformó con la acusación del fiscal, que argumentaba que el exregidor era conocedor de que no se podían conceder permisos de obras para viviendas no ligadas a explotación agrícola o ganadera.

El ministerio público mantenía que Francisco Gálvez con la finalidad de permitir las edificaciones, cuando solicitaban licencia de obras, se limitaba a iniciar el expediente correspondiente y a aprobar las liquidaciones de tasas. Esto ocurrió en tres ocasiones pese a que había informes en los que se indicaba que «la obra no se ajustaba a la normativa» pero se aprobaba la liquidación de la licencia y se construía la vivienda. El exalcalde ya fue condenado el año pasado por un delito de prevaricación urbanística a cinco años y tres meses de inhabilitación así como a una condena a cuatro meses y quince días de prisión al considerarse probado que concedió una licencia de obras para reformar y ampliar una vivienda en suelo no urbanizable. En su día el magistrado que condenó en primera instancia consideró que el otorgamiento de la licencia «significó una resolución torcida y contraria con las más ineludibles normas urbanísticas». Durante el anterior juicio, el socialista explicó que cuando concedió la licencia era «práctica habitual» aunque no hubiera informes técnicos o jurídicos pues el Ayuntamiento no contaba con ellos y, aseguró, que se limitó a firmarla, «confiando en su legalidad». En este sentido, el juez le recordó que había sido alcalde «cerca de 19 años» y que «por muy desconocedor que pueda ser de la norma jurídica a aplicar y la función que como regidor le correspondía, no cabe duda de que el mismo dictó una resolución injusta y arbitraria por prescindir total y absolutamente del procedimiento».

Entre los argumentos esgrimidos en el apelación, el exalcalde insistió en que «era habitual en aquellos momentos» y la Sala sobre esta alegación destacó que «apenas si merece comentario», ya que como señaló el fiscal «lo único que viene a constatar una vez más es la sensación de impunidad, -el nunca pasa nada- que ciertamente existía en aquellos años».

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