La comarca de la Axarquía acaba de ver cómo el exalcalde del PP en la localidad de Cómpeta Leovigildo López iniciaba el año con su ingreso en prisión para cumplir la condena a dos años de cárcel que fue dictada en el mes de julio de 2014 por un delito contra la ordenación del territorio, después de construir un almacén en suelo no urbanizable, dentro del Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama.
Es el tercer exregidor axárquico que por este tipo de irregularidades entra en la cárcel, como en su día los socialistas Juan Millán (Viñuela) y José Manuel Martín Alba (Alcaucín).
Todos estos procesos judiciales se iniciaron la pasada década. En el procedimiento que acarreó en 2009 la detención de Martín Alba y posterior encarcelamiento, el macrojuicio previsto no arrancará hasta el mes de noviembre del presente año. Para muchos de los afectados por la concesión de licencias de manera ilegal durante años, las noticias sobre estos responsables públicos «suena cada vez más a un pasado superado», a raíz del nuevo marco normativo impuesto por la Junta.
No obstante, aunque se coincida en que se empieza a pasar página a aquellos años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria en España, para muchos de estos actores «no todo está dicho». Es el caso, por ejemplo, del actual alcalde belga de Alcaucín, Mario Blancke (C´s). En calidad de portavoz del colectivo de residentes Soha, integrado por más de medio millar de afectados por la falta de regulación de sus viviendas, manifiesta: «Tengo la impresión de que esta etapa se está cerrando en falso. Considero que no se puede centrar toda la responsabilidad en los alcaldes».
En este sentido, recuerda que en las alegaciones de muchos de estos exrepresentantes públicos se indicaba que la concesión de viviendas en suelo no urbanizable «era práctica común». E insiste en que en muchos casos se trata de exregidores socialistas, «a los que sus propios compañeros de partido en la Junta no les advirtieron de que estaban cometiendo presuntos delitos contra la ordenación del territorio», especifica.
Considera el munícipe belga que poner a una persona de 72 años en la cárcel «cuando se ha demostrado que con sus decisiones no obtuvo un enriquecimiento personal es demasiado». Apunta Blancke a que en la propia Junta «hubo personas que deberían como mínimo compartir la misma pena de cárcel y dar cuenta de lo que no hicieron en su día».
Una lista creciente
La entrada en prisión de Leovigildo López, el pasado 9 de enero, toma el relevo a la aplicación de múltiples sentencias en la Axarquía con exregidores como protagonistas. En el ámbito de la corrupción urbanística, el reseñado Martín Alba estuvo en prisión de marzo a junio de 2009. Salió tras pagar una fianza de 120.000 euros y el 7 de noviembre se iniciará el macrojuicio del caso Arcos. También pasó nueve meses en la cárcel de Alhaurín de la Torre el mencionado Juan Millán, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y entrar voluntariamente en noviembre de 2011.
Pero también tuvieron que enfrentarse a sentencias ante las que se solicitaron penas de cárcel otros dos exregidores socialistas: José Manuel Aranda (Canillas de Aceituno), condenado a diez años de inhabilitación finalmente, y Francisco Gálvez (Sedella), condenado a cuatro meses y medio de cárcel.
