La Sección de Medio Ambiente, Urbanismo y delitos sobre el Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Málaga pide diez meses de cárcel para un vecino de Arenas por maltratar a su perro, al que no dio de comer ni llevó al veterinario, lo que acabó por provocar que el can se quedara ciego y sufriera un fallo renal agudo. El juicio se celebró el pasado martes en un juzgado de lo Penal de la capital.

El procesado es vecino de Arenas y tiene 35 años. El fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, explica que en una hora indeterminada del 7 de octubre de 2013, una vecina de la misma localidad encontró tirado en un carril de una zona rural del municipio «un perro de raza grifón de gascuña, tricolor, macho, de dos o tres años de edad».

El can presentaba un estado de «desnutrición severa y patente falta de atención veterinaria», añade el fiscal en su escrito, remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Vélez Málaga. Ante las circunstancias físicas del animal, fue trasladado a la Clínica Veterinaria Animal Care, «donde fue atendido por una profesional, dado que sufría un fallo renal agudo». En este sentido, recibió el tratamiento de sueroterapia y sostén.

Asimismo, el animal «presentaba las mucosas blanquecinas y las uñas muy largas, sus ojos sufren una opacidad corneal negativa a la fluorescencia, lo que evidencia la existencia de úlceras, una ceguera bilateral, así como una infección gastrointestinal y la existencia de parásitos internos», considera el fiscal en su escrito de conclusiones, ya elevado a definitivo ante el juez.

El can pertenece a un vecino de Arenas, «el cual, con conocimiento pleno de los cuidados que son requeridos por tal especie animal, desatendiéndolo sin causa justificada para ello, no habiéndolo vacunado oportunamente ni desparasitado internamente contra el echinococcus, causándole una insuficiencia renal, colesterolemia y anemia, y enfermedades como la filaria y la leishmania», agrega la acusación pública.

Los cuidados veterinarios recibidos fueron tasados en 254 euros, gastos abonados por la Protectora de Animales Anubis-El Refugio.

Los hechos fueron calificados de un delito de maltrato animal, por el que se piden al encartado diez meses de cárcel, así como la inhabilitación especial para ejercicio de profesión, oficio o comercio que tengan relación con los animales durante tres años y el pago de los gastos veterinarios.