­La Delegación Territorial de la Consejería de Educación no descarta la opción de escolarizar a la niña autista de Rincón de la Victoria en su propio domicilio. En un comunicado remitido ayer a este periódico reconoció que está a la espera de que la familia «aporte un informe médico», según se acordó por ambas partes ante la Fiscalía el pasado 25 de febrero.

Los familiares mostraron anteayer su malestar por la notificación que habían recibido de la propia Junta, donde se remarcaba la imposibilidad de que la pequeña, de diez años de edad, pudiese ser escolarizada en este momento. Recordaron que a finales del pasado curso escolar sí que fue posible su escolarización para que superase en su propio domicilio los exámenes finales obligatorios.

Ayer, la Administración autonómica expresó que en todo momento ha velado «por el derecho a la Educación y los intereses de todos los menores sin excepción». Y agregó que articula «todas las medidas necesarias para hacerlos efectivos». Pero aclaró que en este caso, «desde el primer momento se ha informado a la familia sobre distintas posibilidades que garantizaban el derecho a la educación de la alumna y se adaptaban plenamente a sus necesidades específicas».

«En este momento, la Delegación de Educación está a la espera de que la familia aporte un informe médico, que es requisito indispensable para poder prestar la atención domiciliaria solicitada por la familia. Dicha petición debe ir preceptivamente acompañada de ese informe médico», se remarca en el texto.

La situación de esta familia rinconera se vio este jueves agravada por otra circunstancia paralela. Tal y como ayer denunció un portavoz, la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Educación, «ha forzado en contra de los informes de varios médicos la reincorporación a su puesto de trabajo de la madre de la menor, docente de profesión».

En un comunicado remitido por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), a través de su delegación provincial, este sindicato anuncia que intervendrá contra la Junta «con los medios a su alcance para depurar las responsabilidades, si las hubiere, por un posible caso de represalias laborales». La progenitora es profesora en el IES Bezmiliana.

«Resulta muy extraño que a pesar de los diversos informes médicos presentados y encontrarse la profesora en tratamiento psiquiátrico que expresamente desaconseja su presencia en un aula, debido a unos niveles de ansiedad que hacen su conducta en el aula potencialmente imprevisible», en apenas 24 horas, como agrega APIA, le comuniquen la revocación de la baja médica y fuercen su reincorporación al centro, «incluso cinco días antes de que la valoraran los propios servicios médicos de la Delegación».

APIA quiere descartar que el motivo de fondo de esta «insólita e inaudita actuación de la Delegación tenga relación con la causa judicial que la afectada tiene abierta», en el Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga contra la Delegación de Educación en calidad de madre de la menor que presenta un Trastorno del Espectro Autista (TEA), «del que fue víctima el curso pasado de diversas presiones, promovidas por padres de los demás alumnos ante la pasividad de la Administración». Esos otros progenitores reclamaban atención específica para la pequeña.