La Junta de Andalucía ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los «compradores de buena fe» que adquirieron viviendas por regularizar en el interior de la comarca de la Axarquía. El proceso para modificar la LOUA es mucho más lento de lo que los afectados quisieran, pero no caben dudas sobre el riesgo que puedan correr las casas que habitan miles de residentes foráneos y otros muchos nativos. Así lo confirmaron varios de los alcaldes axárquicos, de localidades como Alcaucín, Iznate o La Viñuela, durante un encuentro al que asistieron más de 150 integrantes del colectivo Save Our Homes in Axarquía (Soha).
El portavoz de Soha y al mismo tiempo regidor de Alcaucín, el residente belga Mario Blancke (C´s), reconoce que la lucha se mantiene «por un reconocimiento legal de las viviendas que se construyeron en la Axarquía amparadas por sus licencias municipales correspondientes». Pero reconoce que durante los últimos 12 meses se ha avanzado muy significativamente con los cambios en la normativa urbanística nacional y la correspondiente a Andalucía.
No obstante, una de las dudas que más incertidumbre plantea en la actualidad es la figura del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) que fue introducida por la Junta de Andalucía a raíz del Decreto 2/2012. El comité ejecutivo de Soha insiste en solicitar a la administración autonómica que se modifique la misma, entre otros motivos, «por la limitación legal de acceso al mercado hipotecario y la prohibición de reparación en los casos de daños estructurales».
En presencia del presidente de la Mancomunidad y alcalde de Iznate, Gregorio Campos (PSOE), y del regidor de La Viñuela, José Juan Jiménez (PSOE), en base a los informes técnicos se apuntó que existen otras dos categorías polémicas: el reconocimiento de Legal Fuera de Ordenación, «posibilidad muy remota ya que depende en gran medida de la tramitación de los PGOU, cuya aprobación tarda más que la vigencia, y la vivienda ilegal condenada a la demolición.
Blancke argumentó que la gran mayoría de las viviendas que actualmente están por regularizar disponen «de todos los permisos legalmente exigibles, pero fueron emitidos por los ayuntamientos de manera irregular». Agregó que se enfrentan ahora a «unas restricciones muy severas», propias de la figura del AFO.
Asimismo, para remarcar el mensaje de tranquilidad, Soha reconoció que actualmente no hay constancia de demoliciones inminentes, por lo que tanto la Junta como los propios portavoces de los afectados «recomiendan tranquilidad».
«Tenemos la convicción de que las modificaciones en la Ley, aunque lentas, al final ofrecerán una solución satisfactoria. Solo la unidad de los afectados y el trabajo sostenido de Soha y asociaciones similares aseguran una salida sin vencidos ni vencedores», matiza.
