­La falta de regularización de las viviendas que en su día adquirieron en suelo no urbanizable y la inminente posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea amenaza con generar en un plazo máximo de dos años una auténtica avalancha de retornados británicos desde localidades del interior de la Axarquía como Alcaucín o La Viñuela. El Brexit ha generado un estado de estrés que se une al que ya padecían numerosos compradores de «buena fe» que vieron cómo sus inmuebles se habían edificado sin suficientes garantías legales.

En este sentido, portavoces de colectivos de la Costa del Sol más oriental, como Save Our Homes Axarquía (SOHA), y de otros territorios de la comunidad andaluza, como Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) o la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), han recordado que acumulan más de dos años de espera desde que la Junta de Andalucía se comprometió a tramitar un proyecto de ley para solventar la situación de las fincas afectadas por diversas irregularidades urbanísticas.

Precisamente es de nacionalidad británica y sabe lo que es ser concejal en La Viñuela el máximo responsable de Soha. Como presidente del la asociación, Philip Smalley. Él mismo pudo ver cómo los tribunales de su país dejaban fuera de la consulta sobre el Brexit a todos los residentes británicos que llevan más de 15 años fuera del Reino Unido. Esta resolución puede condicionar el resultado final, porque sólo en España residen cerca de 400.000 británicos -ningún otro país europeo tiene a más en su territorio- y la mayoría se muestra contrario al Brexit.

La incertidumbre genera estrés

El estrés acumulado en la Costa del Sol es más que palpable. Málaga es la segunda provincia española con más residentes de origen británico tras Alicante. En localidades axárquicas como Nerja son cerca de 3.000, frente a un padrón municipal que apenas supera los 20.000 habitantes.

Todos ellos, más allá de los que en el interior de la comarca mantienen la incertidumbre sobre el futuro de sus casas, son conscientes del aviso que públicamente hizo el gobierno británico acerca de su futuro en caso de la salida de la UE: «Muchos ciudadanos británicos querrían mantener su derecho a trabajar, vivir, tener en propiedad una vivienda en otros países europeos, y también tener acceso a servicios públicos como la sanidad. Los británicos viviendo fuera, incluidos los que se han jubilado en España, no podrían asumir que estos derechos serán garantizados».

Así que el referéndum del próximo 23 de junio en tierras británicas puede suponer la puntilla en cuanto al planteamiento de muchos residentes axárquicos de regresar a su tierra de manera indefinida. Denuncian no obstante la impotencia que sufrirán ellos, al igual que la mayoría de otro millón de compatriotas que llevan más de 15 años fuera de su país y que no podrán responder a: «¿Debe el RU permanecer como miembro de la Unión Europea o debe abandonar la Unión Europea?».