Inquieta por la larga ausencia de sus padres en la vivienda en la que vivían en Frigiliana, una de sus dos hijas decidió buscar a Antonio y Carmen, de 76 y 71 años, respectivamente, en la finca donde solían pasar muchos días durante el verano. Cuando llegó al Cortijo Acosta, situado en el Pago de Lizar, a las afueras del pueblo, encontró el cuerpo de su madre en el interior del vehículo del matrimonio y el de su progenitor, ahorcado, a unos trescientos metros de distancia.

La Guardia Civil se hizo cargo entonces de una investigación sobre la que desde el principio planeó la sombra de la violencia de género. A los signos de estrangulamiento que presentaba la mujer se sumó poco después la nota que Antonio dejó junto al cuerpo de su esposa en la que confesaba los hechos y pedía perdón. Aunque desde el instituto armado no revelaron si el manuscrito incluía las razones que le llevaron a matar a su mujer antes de suicidarse o si se hizo de forma pactada, sí apuntaron a «una supuesta enfermedad de su esposa» como principal móvil de un crimen que los investigadores creen que se produjo entre la tarde y la noche del pasado lunes. El alcalde de Frigiliana, Jose Antonio González, aseguró que Carmen padecía una depresión. Tanto la Guardia Civil como el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, insistieron en que no constan antecedentes de malos tratos ni de denuncias previas por violencia de género en la pareja.

De confirmarse el caso como violencia de género, la muerte de Carmen sería la primera registrada este año en la provincia de Málaga, la cuarta de Andalucía y la vigésimo sexta en España. En la región, a la cordobesa de 47 años asesinada en Lepe (Huelva) el pasado 3 de julio por su expareja se suman las muertes de una mujer cerca del aeropuerto de Sevilla y de un bebé de 45 días en Níjar (Almería) cuya madre resultó herida, ambos en junio.

Sobre el suceso de Frigiliana, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales expresó este martes su «más profunda repulsa», aunque también hicieron referencia a «las cientos de agresiones físicas y psíquicas que se producen a diario y están invisibilizadas, deben abrir los ojos a toda la sociedad para comenzar a reaccionar y rechazar no sólo el maltrato, sino todo el machismo que lo justifica y perpetúa». Según la directora del IAM, Elena Ruiz, los agresores «se sienten impunes porque la propia sociedad lo permite, ya sea justificando la dominación del hombre sobre la mujer, los celos y el control como signos de amor o el papel de la mujer como madre u objeto sexual». Se trata, añadió Ruiz, del «mismo machismo que hace creer a algunos que el cuerpo de la mujer está a su servicio, como ha ocurrido estos días en los Sanfermines».

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, expresó su pesar y su condena ante este posible caso de violencia de género al tiempo que pidió «prudencia» a la hora de valorar el suceso, a la espera de que la investigación y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género confirmen las circunstancias. El delegado recordó que, con este último caso, serían ya tres mujeres y un menor las víctimas mortales de violencia de género en Andalucía, por lo que pidió la «unidad de la sociedad para lucha contra esta lacra». Sanz también recordó la necesidad de denunciar, «tanto por parte de las víctimas como de su entorno de familiares, amigos y vecinos», como un «primer paso fundamental para activar los mecanismos de prevención y protección a las víctimas». Por último, el delegado destacó la importancia de que «se visualice socialmente el fenómeno de la violencia de género, en cualquier circunstancia que se produzca», para lo que hizo un llamamiento a la colaboración de las diferentes administraciones, que «deben profundizar en los mecanismos de colaboración y coordinación» para lograr «políticas eficaces y adaptadas a esta realidad social» que ofrezcan «una respuesta global, integral y coherente».

Desde el PSOE de Málaga, la secretaria provincial de Igualdad, Fuensanta Lima, hizo un llamamiento para que la sociedad denuncie cualquier acto de violencia de género.