Tribunales

La defensa del exalcalde de Alcaucín afirma que las escuchas y los registros son nulos

Asegura que 54 delitos atribuidos a Martín Alba ya habrían prescrito - El juicio empieza con ocho acusados ya condenados

08.11.2016 | 20:20
La defensa del exalcalde de Alcaucín afirma que las escuchas y los registros son nulos
El exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba abandona la Ciudad de la Justicia tras la primera sesión del caso Arcos.

­El macrojuicio del caso Arcos, contra la corrupción urbanística en Alcaucín, empezó ayer en la sala cuatro de la Ciudad de la Justicia, la misma que acogió el caso Malaya. La intervención más esperada fue la de José María Ramírez Pedrosa, abogado del exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, a quien se piden 226 años de prisión. El defensor, en su turno de cuestiones previas, afirmó que las escuchas telefónicas son nulas, si no todas sí al menos muchas, y, como consecuencia, también estarían viciados de nulidad los autos que posibilitaron que la Guardia Civil registrara el Ayuntamiento y el domicilio privado del exmunícipe.

En su opinión, se quebrantó el secreto de las comunicaciones ya que el oficio del Instituto Armado del 30 de octubre de 2008 solicitaba la intervención de los teléfonos en base a distintos delitos, lo que acordó la instructora, Irene Urbón, «con falta de motivación», lo que implica «una patente falta de control judicial». La prórroga de esas grabaciones se decidió por parte de la juez «sin analizar el resultado de las escuchas previas, y el auto tampoco se motiva». La Guardia Civil incorpora un delito en su oficio del 29 de enero de 2009, el de blanqueo, de forma «subrepticia», algo que para los acusados y las defensas es «reprochable». El auto posterior, del 2 de febrero de 2009, de la juez es «un copia y pega» del anterior.

«Como consecuencia, las escuchas desde el 2 de febrero de 2009 deben ser declaradas nulas, porque se produce además un envenenamiento del resto del procedimiento», lo que afectaría a los autos que habilitaron los registros del domicilio privado del exregidor y el Ayuntamiento. «La Guardia Civil le coló un gol al instructor», precisó.

Asimismo, reclamó la prescripción de 54 delitos, la mayoría de prevaricación y falsedad y exigió la nulidad de los autos de apertura de juicio oral y del que transformó el proceso en procedimiento abreviado, aunque fuera parcial, porque contenían 11 delitos nuevos por los que Martín Alba no fue preguntado durante la instrucción. En concreto, se ha vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva.

Otros abogados también pidieron la prescripción de delitos tales como estafa o fraude y la nulidad de diferentes autos de la instrucción, así como del que abrió el juicio oral.

Además, hubo ocho acusados que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y se declararon culpables a cambio de una rebaja en sus condenas. Uno de ellos fue sentenciado a dos años de cárcel, mientras que de las dos hijas del exregidor, una fue sentenciada a seis meses y multa de 8.000 euros por blanqueo imprudente y otra a un año y 48.500 euros de multa por lavado de dinero imprudente y otro delito doloso del mismo tipo, aunque el fiscal pedirá la sustitución de la prisión tras doblarles las multas. Un funcionario de la Diputación es sentenciado a seis meses por cohecho impropio y a otro de los castigados se le reduce la sanción económica hasta un mínimo de dos euros. Hubo tres encausados más que se conformaron con penas menores.

Asimismo, el abogado José Carlos Aguilera criticó el hecho de que no haya podido acceder a miles de folios del sumario, en el que se cuentan diferentes pruebas documentales e informes periciales, por «la escasa diligencia» de la Junta de Andalucía a la hora de escanear esos papeles. No en vano, afirmó que el hecho de no poder analizarlos podría afectar a la proposición de diferentes cuestiones previas y pidió a la Sala y a las defensas que se sumaran a su queja pública contra la Consejería de Justicia e Interior. La Sala contestó que reiterará a la Junta esa petición.

Por último, el Colegio de Periodistas y la Asociación de la Prensa de Málaga criticaron ayer que no se abriera la sala de prensa de la Ciudad de la Justicia para poder seguir el juicio en directo y no interferir en las sesiones, algo que contrasta con las facilidades que da la Audiencia Nacional a los profesionales para seguir en directo los juicios de las tarjetas Black o Gürtel.

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