08 de noviembre de 2016
Caso Arcos

Abogados de Caso Arcos alegan decenas de prescripciones para aligerar el banquillo

Piden al fiscal que conteste individualmente a las cuestiones y critican la existencia de macrocasos - Atacan a los técnicos de la Junta que han efectuado los informes urbanísticos sobre Alcaucín

08.11.2016 | 20:20
Imagen de la sala con los 48 procesados en el caso.
José Manuel Martín Alba declara a la salida del juicio del caso Arcos

­El Tribunal Supremo y el legislador declararon hace un par de años la guerra a los macrocasos. Los magistrados de la Sala Segunda han ido maquillando como pueden las sentencias que les llegan de las Audiencias Provinciales y criticando estas causas en sus fallos, lo que crea jurisprudencia, y el legislador dificultó la formación de estos procedimientos en algunas de sus últimas reformas. Ayer, los abogados del caso Arcos, contra la corrupción urbanística en Alcaucín, aprovecharon la segunda jornada de la vista para plantear una batería de prescripciones de decenas de delitos, fundamentalmente contra la ordenación del territorio, estafa, cohecho y falsedad, con el fin último de reducir el número de acusados desde los cuarenta actuales –tras las ocho conformidades– hasta un número más manejable.

Así se expresó, por ejemplo, el abogado Hipólito Marín, tras plantear la prescripción del delito de su defendido: «Es mala señal que el fiscal no aceptara ayer contestar una a una a las cuestiones previas, me temo que eso provoque una respuesta única coral», para luego insistir en que en los macrocasos el problema «es que no se da respuesta a situaciones individuales, sin depurar los elementos que afectan a cada acusado en concreto». Pero el fiscal Anticorrupción, Valentín Bueno, fue ayer contundente al pedir contestar a las defensas el próximo lunes en el juicio, para dar a cada uno lo suyo.

Las defensas son conscientes de que, si el fiscal aprecia la prescripción de delitos –sólo el abogado del exalcalde de Alcaucín consideran que han prescrito 54–, se reducirá la acusación y, muy posiblemente, el número de acusados, que, de otra forma, tendrán que enfrentarse a un año de pena de banquillo hasta que concluya la vista, en septiembre de 2017.

Por eso, los abogados están insistiendo por una segunda vía, en el caso de que el fiscal no vea prescripción alguna o no aprecie las nulidades de los registros y autos solicitados: quieren que el tribunal resuelva las cuestiones ya, no en sentencia, con el fin de que un efecto cascada lleve aparejada una disminución de los cargos contra sus clientes. En las dos primeras sesiones, más de dos decenas de abogados han solicitado la prescripción de los delitos que se imputan a sus defendidos.

José Carlos Aguilera, abogado del arquitecto José Mora Lampérez, a quien se le piden 111 años de cárcel –el máximo legal es de 20–, afirmó que la investigación fue prospectiva, criticó que diferentes mandamientos de la Policía Judicial no tienen sello de registro de entrada, lo que es «anómalo», y otros de los que no se dio traslado al fiscal, que era el garante de los derechos de los imputados entonces –a partir de febrero de 2009–. Por tanto, pidió la nulidad de los autos emitidos por la juez instructora tras la recepción de esos mandamientos policiales, medida que incluiría las decisiones de la juez que posibilitaron los pinchazos telefónicos al exalcalde, José Manuel Martín Alba, y a su cliente. También criticó Aguilera las prórrogas de detenciones y afirmó que los informes de la Junta son «insostenibles».

Varios abogados más se refirieron al hecho de que ahora se estén recibiendo informes urbanísticos de los técnicos autonómicos sobre las irregularidades presuntamente cometidas en el pueblo durante el mandato de Martín Alba. Ahí, por ejemplo, señaló Hipólito Marín: «¿Qué es suelo urbano? Los técnicos de la Junta que asisten al instructor y al fiscal conciben una visión de la jurisprudencia parcial, sólo es suelo urbano el determinado por el plan», olvidando la doctrina del Supremo al respecto y la fuerza de los hechos. Por tanto, hay que valorar qué categoría del Derecho Urbanístico se va a determinar en este procedimiento, concluyó.

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