14 de noviembre de 2016
Tribunales

El fiscal revela que la Guardia Civil tuvo un confidente anónimo en el caso Arcos

El acusador defiende el trabajo de la Policía Judicial y la juez instructora en el proceso, rechaza la mayor parte de nulidades y prescripciones y amenaza a una abogada con ponerle una querella

15.11.2016 | 05:00
Imagen del fiscal Anticorrupción, Valentín Bueno, en la vista.

Bueno afirma que los acusados «sabían qué era legal y qué no»

  • Una de las alegaciones de muchas defensas es que las autoridades y funcionarios de Alcaucín no sabían nada de urbanismo, al tiempo que también se discute que las Normas Subsidiarias no estaban vigentes cuando se cometieron todas las ilegalidades urbanísticas. «Es intención de la Fiscalía demostrar que las autoridades y funcionarios conocían la normativa urbanística básica y, si la desconocían, era por voluntad propia. Sabían qué era legal y qué no». En relación a la fecha de publicación de las Normas Subsidiarias y su validez en la fecha de los hechos (la pasada década), aclaró que todo eso se verá, precisamente, durante las sesiones del juicio oral.

El fiscal Anticorrupción Valentín Bueno, que sostiene la acusación en el caso Arcos contra la corrupción en Alcaucín, ha asegurado esta mañana, en el turno de respuestas a las cuestiones previas planteadas por las defensas en el juicio, ha defendido la legalidad de la actuación de la Guardia Civil, el ministerio público y la juez de instrucción, y ha explicado que las pesquisas no se basan en "meras sospechas", sino que los informes de la Policía Judicial se inician con una fuente anónima que conoce a fondo la trama corrupta del Consistorio y que sería la causa del caos urbanístico de la localidad.

También ha pedido autorización al tribunal para querellarse por injurias contra una abogada que, según Bueno, indicó en su turno que "el auto se dictó deliberadamente para amparar los excesos policiales".

Ha negado que existan la mayor parte de las prescripciones alegadas por las defensas, ha rechazado que se trate de una investigación prospectiva, y ha defendido la legalidad de las intervenciones telefónicas que se hicieron tanto al exalcalde, José Manuel Martín Alba, como al arquitecto Mora Lampérez, así como de los registros y del auto de procedimiento abreviado, elogiando en numerosas ocasiones el trabajo de la instructora y de la Guardia Civil.

Sobre las normas subsidiarias que regían en el pueblo hasta 2009, ha afirmado que los imputados conocían a la perfección la diferencia entre "le legalidad y la ilegalidad" de lo sucedido.

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