Tribunales

El fiscal rebaja a cuatro años la petición para el exalcalde de Alcaucín

Retira la acusación de estafa y mantiene los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio

24.11.2016 | 20:51

­La Fiscalía ha retirado la acusación de estafa que achacaba al exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba en la causa en la que se le ha juzgado por permitir viviendas supuestamente irregulares al estar en suelo no urbanizable. Sí mantiene los delitos continuados de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, solicitando ahora cuatro años de prisión en lugar de nueve. Asimismo, el ministerio público ha retirado todos los cargos contra otros tres procesados en este caso, que son el arquitecto, el constructor y un arquitecto técnico, al igual que la acusación particular, por lo que estos tres han quedado fuera del proceso y han podido dejar la sala antes de que finalizara el juicio, al no haber ninguna acusación contra ellos. También ha mantenido la acusación por los delitos de estafa, contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística contra los tres principales procesados, que, según el fiscal, se concertaron para «obtener un rendimiento urbanístico del suelo que les constaba era no urbanizable, dividiendo una parcela rústica en varias subparcelas». No obstante, en el caso de uno de ellos, el ministerio público le achaca el delito de estafa en concepto de partícipe a título lucrativo, al sostener en sus conclusiones finales que «no consta que tuviera participación directa en el engaño que determinó la compra de las parcelas por parte de los perjudicados ni en el proceso de promoción y construcción de las viviendas», aunque «obtuvo pingües beneficios en la operación de venta». El fiscal sostiene que uno de los principales acusados levantó su propia vivienda en dicha parcela y posteriormente vendieron las otras tres a extranjeros «con la promesa de que podrían edificar construcciones de carácter residencial, con conocimiento de su ilegalidad» y llevando a cabo dichas edificaciones, «todas ellas ilegales e ilegalizables». Los hechos, sucedidos en 2002, fueron descubiertos por el propio Ayuntamiento de Alcaucín, una vez que tomó posesión la nueva corporación municipal tras la operación Arcos, donde está acusado Martín Alba y otras 47 personas y cuyo juicio ha comenzado este mes de noviembre.

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