El exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba ha asegurado este lunes que él no cursaba expedientes ni licencias de obras, ni tampoco intervenía en la redacción de los informes sobre urbanismo, "entre otras cosas, porque no tenía formación y no sabía escribir en el ordenador. Ni sé".

Así lo ha asegurado en el juicio por el denominado caso Arcos, contra la supuesta corrupción urbanística en dicho municipio de la Axarquía, en el que se juzga a 38 personas. Martín Alba ha terminado su declaración, contestando este lunes a las preguntas de su abogado.

Martín Alba, para el que el fiscal solicita 226 años de cárcel, ha reiterado que en algunos documentos no reconoce su firma y ha señalado que "nunca" indicó al personal administrativo o a técnicos el sentido de los informes urbanísticos que tenían que emitir ni tampoco les dijo que hicieran dictámenes contra la legalidad.

Eran los funcionarios, según el acusado, los que redactaban los informes y ha dicho que los técnicos que consultó, tanto internos como externos, coincidían en que "si el suelo tenía todos los servicios se podía considerar urbano". Había algunos certificados que "sólo los tocaba" el secretario municipal, ha afirmado.

Al respecto, ha aseverado que tampoco le dijo lo que tenía que hacer al secretario municipal, que estaba acusado en esta causa, aunque llegó a un acuerdo de conformidad con las acusaciones al inicio del juicio.

Sobre éste, ha indicado que él mismo decía que no sabía de derecho, por lo que ha apuntado que "se tenía que haber informado y asesorado más y no echar toda la responsabilidad al alcalde". "Por eso habrá llegado a una conformidad", ha apostillado.

"Me he limitado a dar el visto bueno a lo que decía el secretario, porque tenía la conciencia tranquila de que eso era correcto y legal, en la vida iba yo a dudar del secretario que llevaba 30 años allí", ha manifestado.

Respecto a la nueva secretaria que entró luego, ha dicho que estaba "muy preparada" y fue la que "se dio cuenta de que no se estaban haciendo ciertas cosas bien", apuntando que "nunca" desoyó sus advertencias ni los cambios en la concesión de licencias que propuso; "lo que ella decía, yo lo hacía".

Además, ha asegurado que por parte de otras instituciones, como la Junta o la Diputación, no le hicieron advertencias sobre posibles irregularidades urbanísticas que se podían estar cometiendo ni tampoco el secretario municipal; y ha apuntado que "no todas las licencias se daban".

Este lunes ha declarado también otro de los principales procesados, un asesor externo, al que se le acusa de más de 80 delitos, quien ha explicado que para las gestiones en el Ayuntamiento iba a funcionarios y al secretario, con el que sí habló "para que me dijera cómo iba la documentación", rechazando que utilizara papel oficial o sello municipal en los escritos.

Ha asegurado que "nunca" imitó la firma del entonces alcalde en los documentos, "vamos, no se me ocurre"; y ha indicado que los clientes cuando iban a su despacho ya se habían asesorado en el Ayuntamiento o de otra forma y requerían "una gestión concreta, pero jamás he actuado previamente para decir qué se tiene que hacer o cómo hacerse".