El Ayuntamiento de Nerja se ha sumado este viernes a la petición de la Junta de Andalucía para que el Gobierno investigue si se incumplió la Ley de Memoria Democrática en el entierro del exministro franquista José Utrera Molina, que tuvo lugar el pasado sábado en esta localidad axárquica.
Un grupo de personas entonó el himno falangista "Cara al sol" para despedir a Utrera Molina, vicepresidente en gobiernos de Francisco Franco y fallecido en Nerja a los 91 años, al tiempo que alzaban los brazos a la salida de su féretro de la iglesia de San Miguel tras el funeral.
La alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal (PSOE), ha explicado a Efe que el Ayuntamiento también está interesado en que se aclare si lo sucedido con el exministro, que tenía su residencia en el municipio, constituyó "un acto de exaltación franquista", como ha señalado el Gobierno andaluz.
Arrabal ha indicado que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de que la Subdelegación del Gobierno en Málaga va a requerir al consistorio y a la Guardia Civil de la localidad información sobre el funeral.
Pese a no haber recibido aún el requerimiento, la regidora ha asegurado que, "por supuesto", el Ayuntamiento elaborará el informe sobre el sepelio, en el que hará constar también si hubo agentes de la Guardia Civil, puesto que las competencias de la Policía Local en los entierros se limitan a cuestiones de tráfico.
Fuentes de la Subdelegación informaron ayer de que se recaba información sobre el hecho y sus consecuencias para determinar si compete a la Administración del Estado realizar algún tipo de actuación con posterioridad a lo ocurrido.
En este sentido, precisaron que "la administración más cercana, como es el Ayuntamiento de Nerja y su Policía Local, no comunicaron en ningún momento circunstancia extraordinaria, ni se solicitó intervención alguna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Después de que la Consejería de Cultura de la Junta remitiera un escrito a la Subdelegación en el que le emplaza a actuar por vulneración del artículo 32 de la Ley de Memoria Democrática, la representación del Gobierno central ha precisado que en el funeral "no se registraron altercados ni alteración del orden público".
