El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nerja confirmó ayer que la Guardia Civil tiene abierta una investigación en la que podrían estar implicados integrantes del anterior equipo de gobierno y un amplio cupo de empresarios, entre los que se encontraría hasta un familiar de un miembro del grupo municipal de Ciudadanos. El Seprona analizó a finales del pasado año el estado del vertedero que desde hace más de década y media se localiza en una antigua cantera del río de la Miel. Ya en 2008, como argumentaron las mismas fuentes, la Junta impuso una sanción millonaria al Consistorio por el mismo.
Ayer, a través de dos de sus integrantes, el grupo municipal del PP manifestó a este periódico su «sorpresa en relación a unas investigaciones vinculadas a un vertedero que fue autorizado por la Junta en su día». Varios de los ediles que durante la pasada década denunciaron públicamente supuestas irregularidades cometidas en la gestión de dicho espacio medioambiental relataron que si el exalcalde, José Alberto Armijo, tuvo conocimiento de los expedientes que abrió la Junta, «resulta bastante extraño que desde 2008 y hasta que fue desalojado de su cargo como alcalde en 2015 no actuase para reparar la legalidad en dichas instalaciones».
Al parecer, según manifestaron empresarios nerjeños al cierre de esta edición, diversos contratistas y constructores nerjeños suscribieron un acuerdo para gestionar el vertedero en cuestión de manera mancomunada. Ahora se investigaría si el Ayuntamiento estaba autorizado a arrojar al mismo recinto sus escombros, sin tener que abonar cuota alguna. E incluso se pregunta sobre «quién se encargó de autorizar el uso de terrenos que son propiedad de la Secretaría General de Gestión Integral de medio Ambiente, organismo dependiente de la Junta».
Cumplimiento de la normativa
El Ayuntamiento recordó ayer que la antigua cantera del río de la Miel se mantuvo operativa hasta el año 2000, en uno de los tramos próximos al cauce del río de la Miel que más cercano se encuentra a la antigua carretera N-340.
Sobre una extensión de unas cinco hectáreas de superficie se empezaron a acumular escombros durante los siguientes años, con la particularidad de que hasta las agrupaciones ecologistas de la Axarquía denunciaron por entonces que este tipo de actuaciones suponían «una seria amenaza ambiental para especies como el boj mediterráneo, arbusto prehistórico que se localiza en las lomas del río Chíllar o del río de la Miel».
No obstante, fuentes del propio equipo de gobierno municipal no quisieron ayer «entrar en valoración alguna» sobre un procedimiento «que se encuentra actualmente en sede judicial», por el que se han empezado a citar a más de una docena de empresarios locales y cargos públicos y ante el que tampoco quiso arrojar más detalles la Consejería de Medio Ambiente, como entidad responsable de preservar el estado de los parajes naturales y autorizar el correcto sellado de vertederos o la restauración de las antiguas canteras.
