El Ayuntamiento de Torrox no tendrá que hacer frente finalmente a un abono superior a los 33 millones de euros que reclamaba la unión temporal de empresas (UTE) concesionaria del aparcamiento de La Almedina, después de que el juez haya fallado a favor de la Administración local.

«Se trata de un logro no sólo de este equipo de gobierno, que siempre ha mostrado sus reticencias a firmar el acuerdo para la resolución del expediente de concesión con la sociedad que gestiona el parking, por 5,2 millones de euros, sino que es un éxito extensivo a toda la corporación local y a todos los torroxeños, que hoy ven cómo la justicia nos ha dado la razón frente a un proyecto deficitario desde su origen», explicó ayer en rueda de prensa el alcalde, Óscar Medina.

Según detalló el regidor, la empresa reclamaba la citada cantidad por «falta de rentabilidad del aparcamiento, mientras que el PSOE venía defendiendo desde 2014 que se asumiera su titularidad por cinco millones y recientemente nos afeaba que, por falta de premura, tendríamos que abonar 200.000 euros más».

«Pero nosotros creíamos que no debíamos pagar nada y la justicia nos ha dado la razón, por lo que hemos ahorrado un mínimo de 5,2 y un máximo de 33 millones de euros a los torroxeños», añadió

«Hoy es el día más importante de mi etapa como alcalde», recalcó Medina, quien señaló que han soportado «mucha presión porque se temía que la sentencia resolviera finalmente una cantidad superior a esos 5,2 millones de euros que había sobre la mesa».

Asimismo, el munícipe indicó que «la sentencia recoge en primera instancia que no procede ni la resolución del contrato ni la indemnización a la concesionaria porque no ha habido ningún incumplimiento por parte del Ayuntamiento», incidiendo en que «el hecho de que no se cumplan unas previsiones económicas plasmadas en un plan financiero realizado por la propia empresa no es una responsabilidad municipal».

No obstante, Medina advirtió que «ahora toca trabajar para poner en valor el aparcamiento, por lo que desde aquí tendemos la mano al diálogo para buscar una solución definitiva a este conflicto por el bien de todas las partes y de nuestros vecinos».

El alcalde de Torrox resaltó además que su labor siempre debe ser defender los intereses de los torroxeños: «Y, en este caso, entendimos que la rentabilidad del aparcamiento era un riesgo del contratista, que es quien elabora el plan financiero, nunca de la Administración local».