Tribunales

La alcaldesa de Nerja afirma que desconocía la existencia del vertedero ilegal

La regidora dice que se enteró de la existencia de un vertedero en el paraje natural tras abrirse la causa judicial

02.12.2017 | 05:00
Rosa Arrabal.

La alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal (PSOE), afirmó ayer en el Juzgado de Primera Instrucción número 1 de Torrox que desconocía la existencia del vertedero ilegal de 36.000 metros cuadrados en el paraje del Río de la Miel, ubicado en un parque natural.

Arrabal, que compareció ayer ante el juez instructor de esta causa en calidad de investigada durante casi una hora, se ratificó en lo que ya declaró a la Guardia Civil en junio cuando fue citada en la comandancia de Málaga.

La regidora aseguró que no conocía la documentación sobre este asunto y que en marzo de 2016, se produjo un robo en el Ayuntamiento en el que desaparecieron numerosos expedientes urbanísticos.

Rosa Arrabal añadió que hasta que se inició la investigación, los técnicos municipales no la habían informado sobre las cuestiones relacionadas con el vertedero.

La operación Rubbish se inició a raíz de las pesquisas del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y el mencionado juzgado, tras las denuncias presentadas por el vertido ilegal e incontrolado de residuos de la construcción y demolición, residuos peligrosos, residuos de podas y vegetación o plásticos en una antigua cantera situada en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

Ayer pasaron por el juzgado los exconcejales del PP José Alberto Tomé y Jonathan Méndez, y en los próximos días también tendrán que hacerlo el anterior alcalde de Nerja durante veinte años y diputado provincial, el popular José Alberto Armijo y su compañera de partido en la actual corporación Nieves Atencia.

Cerca de cuarenta personas, entre empresarios y cargos públicos, están siendo investigados por este asunto y se han bloqueado más de 170 bienes muebles e inmuebles valorados en más de 5 millones.

Se les imputan presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva y prevaricación administrativa.

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