El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, avanzó ayer que la empresa concesionaria de las obras de la depuradora de Nerja se ha comprometido a aportar este próximo lunes las garantías financieras que permitirían la reanudación de los trabajos, casi un año después de que quedasen paralizados.
Esta información llegaba a menos de 24 horas para que la ciudadanía nerjeña se eche a la calle, esta vez convocada por el Ayuntamiento, para manifestarse y exigir así la finalización de un proyecto que se encuentra ejecutado a más del 80%. Es la única localidad de la Costa del Sol que además carece de saneamiento integral, pese a las reiteradas sanciones millonarias que impone la Unión Europea a España precisamente por históricos estos «puntos negros» en materia medioambiental.
En concreto, el Consistorio hizo días atrás un llamamiento para que a las 11.00 horas de hoy la ciudadanía se congregue a las puertas del principal edificio municipal y desde ese punto, en las cercanías del paseo Balcón de Europa, todos inicien una marcha hasta las obras, situadas en el entorno de la antigua CN-340 y en la salida del casco histórico hacia el núcleo de Maro y la Cueva de Nerja.
La Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha celebrado a lo largo de esta semana una reunión técnica con representantes de la empresa responsable de la ejecución de la citada infraestructura y los mismos han expuesto la viabilidad económica de la firma para continuar la obra, «aunque no será hasta el lunes cuando presenten al Ministerio las garantías financieras demandadas», según indicó la Subdelegación en Málaga en un comunicado.
Dicho organismo inició el pasado 22 de enero el proceso para resolver el contrato con la UTE adjudicataria del contrato, tal y como ya informó este diario, en aplicación del artículo 223, en su apartado b, dentro del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por este motivo solicitó documentación sobre el estado de situación del procedimiento concursal de la adjudicataria, la UTE liderada por el grupo Isolux Corsan, S. A., «para así determinar si existe causa suficiente para adoptar la resolución administrativa pertinente y resolver el contrato».
Si la UTE adjudicataria certificara que puede continuar con los trabajos, la Administración General del Estado tomaría a consideración este proceso de resolución del contrato. La empresa habría elevado un compromiso para retomar las obras con garantías y viabilidad.
