El PP denunció ayer la contratación de un estudio de análisis sobre la demanda potencial del tranvía de Vélez Málaga, que funcionó entre octubre de 2006 y junio de 2012, a una empresa que carece de experiencia en el sector del transporte. Así lo avanzó el portavoz de esta formación en el pleno, Francisco Delgado Bonilla.

Éste arremetió contra el gobierno veleño al señalar que se ha optado por un contrato menor, al ascender el presupuesto a 20.800 euros, con un plazo de ejecución de apenas un mes. Asimismo, indicó que se trata de una empresa con sede en la provincia de Sevilla. Delgado Bonilla manifestó que la adjudicación se ha mantenido en secreto, al especificarse únicamente que se trata de «trabajos previos correspondientes al estudio de análisis de la demanda para la puesta en funcionamiento del tranvía, pero no existe una descripción detallada del objeto del contrato».

Agregó que la entidad se dedica «a todo menos al transporte». Al respecto, aclaró que entre su objeto social figura la organización de eventos deportivos, la explotación de instalaciones deportivas, la enseñanza no reglada, el turismo activo o los servicios de monitores para escuelas deportivas. También denunció que esta contratación no respeta la advertencia que hizo el Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento de la capital de la Axarquía cuando fiscalizó el tranvía, y en la que señaló que las decisiones futuras sobre este transporte debían basarse en «análisis rigurosos basados en estudios de demanda realistas».

El portavoz del PP declaró que lo que necesita el tranvía son estudios «serios y rigurosos» por parte de empresas con solvencia técnica en el sector del transporte. Teme el propio Delgado Bonilla que el estudio encargado no se base en las «encuestas políticas que se enmascaren tras una pretendida auditoría».

Para el que fuese alcalde justo al paralizarse el tranvía, en junio de 2012, su partido «llegará hasta el final, de manera que se va a solicitar al Ayuntamiento el borrador del convenio anunciado con la Junta de Andalucía por el que la administración autonómica se comprometió a financiar el 40 por ciento del déficit de explotación».