El Ayuntamiento de Vélez Málaga recibió ayer, por segundo año consecutivo, el premio a la Excelencia en Inversión Social que lo reconoce como el primer municipio de la provincia y cuarto de Andalucía en inversión en el capítulo de servicios sociales. Así lo remarcó en su visita a la capital axárquica la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
La responsable autonómica destacó «el compromiso de este ayuntamiento por unos servicios sociales públicos de calidad», al tiempo que recordó que estos galardones los entrega la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales entre los municipios de más de 20.000 habitantes. Sólo 26 consistorios de toda España, incluido Vélez Málaga, alcanzan esa categoría de excelencia, explicó la consejera.
El alcalde veleño, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), agradeció a la Junta «el incondicional apoyo que presta al Ayuntamiento en materia de asuntos sociales» y mostró su satisfacción por un reconocimiento que sitúa a su término como «ejemplo en políticas sociales».
Indicó que las actividades sociales alcanzan el 12,83% del presupuesto municipal para 2018, lo que supone más de 12,5 millones de euros. Por capítulo, subrayó que se reservan: 4,1 millones de euros a Ley de Dependencia, 550.000 al Plan Concertado y otros 4,3 millones a ayudas sociales.
La consejera agregó que Andalucía destaca asimismo por estar a la cabeza en financiación transferida a los ayuntamientos para servicios sociales. «Cuando la media de todas las comunidades autónomas en España aportan un 26 por ciento de la financiación que gestionan en servicios sociales las entidades locales, con lo que Andalucía está 20 puntos por encima de la media», matizó la propia Sánchez Rubio.
Pendientes de la crisis
La consejera también manifestó que «la gente a la que atienden los servicios sociales no ha salido aún de la crisis», con independencia de los actuales datos macroeconómicos. Y, en este sentido, se refirió a que se ha pasado de los desahucios por problemas de abono de las hipotecas a los desahucios por alquileres.
«Es un tema en el que todavía queda mucho por hacer», aseguró después de recordar que la vivienda es un derecho constitucional vital.
Según agregó, en un gran número de ocasiones las familias afectadas por estas situaciones tienen en su seno «cargas familiares, a veces monoparentales y con otras situaciones». Por ello, apeló a que la sociedad en general, desde todos los puntos de vista, y las instituciones en particular «deben estar preparadas» para una realidad que cada vez está más presente.
Relató que pese a sentencias como la del Tribunal Constitucional, que dan la razón a las líneas de trabajo de la Junta de Andalucía, también tienen que impulsarse los instrumentos y las medidas en política de vivienda que demanda actualmente la sociedad.
