Aves

Agentes Rurales decomisan en Cataluña unos 650 pájaros de especies protegidas

10.07.2008 | 12:21

El cuerpo de Agentes Rurales ha intervenido en los últimos días más de 650 pájaros de especies protegidas en dos actuaciones contra el tráfico de aves fringílidas, como los jilgueros o los verderones, desarrolladas en Sant Adrià de Besòs y Prats de Lluçanès (Barcelona).

La primera de las operaciones tuvo lugar la semana pasada en Sant Adrià, donde se decomisaron 576 pájaros fringílidos, apreciados por su canto, en dos domicilios del barrio del Besòs, según ha informado hoy el departamento de Medio Ambiente en un comunicado.

Uno de los pisos era el domicilio del presunto traficante de las aves, mientras que el otro estaba habilitado con estanterías y jaulas de diferentes tamaños para alojar a una gran cantidad de pájaros.

Las actividades de este presunto traficante fueron investigadas durante semanas bajo las directrices de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras detectar los agentes rurales que compraba importantes cantidades de pájaros jóvenes en la Comunidad Valenciana para venderlos después en mercados ilegales del área metropolitana.

La segunda actuación se desarrolló el pasado 6 de julio en Prats de Lluçanès durante uno de los últimos concursos de canto de fringílidos que se organizan en Cataluña.

Los agentes rurales inspeccionaron dos vehículos, en los que hallaron 86 pájaros de especies protegidas jóvenes y, por tanto, cazados en época de veda.

Los 665 ejemplares intervenidos en estas dos operaciones han sido trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Torreferrusa del departamento de Medio Ambiente y Vivienda, donde seguirán un proceso de aclimatación para poder ser reintroducidos en el medio natural.

Los agentes estiman que el volumen de negocio que hubiera alcanzado en los mercados ilegales la venta de estas aves podría haber superado los 12.000 euros.

La caza y el comercio de pájaros protegidos es un delito tipificado en el Código Penal, con penas que pueden llegar a los dos años de prisión, a multas de 8 a 24 meses o a la inhabilitación para la caza durante cuatro años.

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