Impulsadas por un voraz apetito de recursos naturales, más de 315 explotaciones mineras han invadido, con la connivencia de las autoridades filipinas, un área de 670.000 hectáreas de este parque que se supone está bajo protección oficial, según denuncia en un informe el Centro de Asistencia Legal para el Medio Ambiente (ELAC).
Las compañías que trabajan en la reserva son principalmente chinas, filipinas, canadienses y australianas, pero también hay varias europeas, como la inglesa Toledo Mining Company, y entre ese puñado figura alguna minera que tiene prohibido explotar yacimientos en su país de origen.
En Palawan, donde se encuentra el 56 por ciento de la selva virgen de Filipinas que ha escapado de la deforestación, viven 1.700 especies endémicas de plantas y 550 de animales, cuya supervivencia peligra por la acción de las mineras.
La responsable de ELAC en Palawan, Grizelda Mayo-Anda, declaró a Efe que la actividad minera es el problema clave de los grupos ecologistas y las comunidades locales en la protección de Palawan como "la última frontera natural" de Filipinas
Esta provincia alberga también uno de los mayores yacimientos de níquel, mineral que ha aumentado notablemente su precio en los últimos años en respuesta a la creciente demanda en Estados Unidos y sobre todo en China para la fabricación de acero inoxidable.
Las grandes compañías operan en todo el archipiélago mediante pequeñas explotaciones, reservadas en teoría a la minería tradicional, para eludir que les sea aplicada una legislación medioambiental más exigente.
"Los permisos para pequeños yacimientos permite a inversores de dudosa reputación y poco respeto por el medio ambiente explotar los recursos en Palawan y otros lugares de Filipinas", asegura ELAC.
También son víctimas de las mineras los poblados indígenas, a cuyos líderes sobornan, extorsionan o engañan para adquirir las tierras de estas comunidades, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por la ONG filipina Kalikasan.
Esta semana, el embajador de Australia en Filipinas, Rod Smith, salió en defensa de la integridad de las mineras de su país para responder a las denuncias formuladas contra Oceana Gold.
Los ecologistas acusan a esta compañía australiana de forzar el desplazamiento de familias indígenas que habitan en aldeas próximas a los yacimientos que explota en Nueva Vizcaya, al norte del archipiélago.
Las malas prácticas de la minería filipina ha motivado en ocasiones preguntas en el Parlamento Europeo, y llevado a la UE a expresar su preocupación sobre la deforestación de los bosques de Palawan y de Sierra Madre, y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
Tras unos años de escasa actividad minera, la presidenta filipina Gloria Macapal Arroyo, reactivó en 2004 la minería mediante la exención de impuestos durante seis años, y decidió convertir éste sector en un puntal de su política económica.
El director del Consejo para el Desarrollo Sostenible de Palawan (PCSD), Romeo B. Dorado, indicó a Efe que las acusaciones de ELAC y otros grupos ecologistas, son producto de "especulaciones descabelladas" y aseguró que su organismo vela para que la minería "no tenga efectos negativos sobre el medio ambiente".
Dorado observó que, pese a la declaración de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), no hay una ley que prohíba la minería en Palawan y que, por lo tanto, "no se puede evitar que algunos bosques se vean afectados".
El jefe del consejo explicó que está abierta una investigación con la finalidad de conocer si las empresas locales, en teoría dedicadas a la "minería tradicional", dependen de algunas grandes compañías con "dudosa reputación" de Australia y Canadá.
"El consejo entiende y da la bienvenida a las quejas y alegaciones de las ONG, que por cierto están representadas en nuestro consejo y tienen poder de voto", apuntó Dorado.
