El Ayuntamiento de Torremolinos aprobó ayer en pleno la solicitud de un crédito extraordinario de 3,8 millones de euros. El alcalde del municipio, Pedro Fernández Montes, explicó que se han visto obligados a solicitar el préstamo para dar respuesta a las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno central y que han supuesto una importante reducción de los ingresos de las arcas municipales, tanto en los ingresos regulares como en las liquidaciones por compensación de servicios.

En este punto, el portavoz del PSOE, José Ortuño, criticó el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Torremolinos pero el alcalde aseguró que, según un informe de la Intervención, el nivel de endeudamiento alcanza el 52,30%, llegando a 45 millones de euros, cuando la ley permite a los consistorios endeudarse hasta el 110% «por lo que podemos afirmar que Torremolinos es hoy uno de los ayuntamientos menos endeudados».

Pedro Fernández Montes, denunció que este año Torremolinos recibirá menos de 11 millones de euros de las transferencias del Estado sobre los 13 millones de euros previstos para este año.

Asimismo, el regidor añadió que el Gobierno central ya ha anunciado que Torremolinos no va a recibir ninguna cantidad por la compensación de servicios prestados en 2008 cuando anualmente recibía casi tres millones de euros.

Retrasos en el PGOU

Por otra parte, el regidor torremolinense criticó duramente a la Junta de Andalucía ya que, según Pedro Fernández Montes, algunas consejerías están retrasando la puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana planteado por el Consistorio al no emitir en tiempo y forma sus informes sectoriales.

En este sentido, el alcalde llegó a afirmar que la Junta está interesada en retrasar los planes de urbanismo de los ayuntamientos dirigidos por el PP cuando «debería gobernar para todos los municipios, voten mayoritariamente al PSOE o mayoritariamente al PP».

Por otra parte, el Ayuntamiento de Torremolinos aprobó con los únicos votos del Partido Popular la aplicación del decreto del Gobierno central por el cual se aplica una reducción del sueldo a los funcionarios y trabajadores municipales, que también afectará a los miembros de la corporación municipal.

En este sentido, se aplicarán unos recortes salariales para los concejales de entre el 5 el 15% de sus emolumentos, siguiendo las directrices de la Federación Española de Municipios y Provincias.