Arranca una semana en Mijas en la que se va a hablar, y mucho, sobre uno de los grandes problemas que posee este municipio costasoleño: las viviendas irregulares. La Asociación por la Regularización de Viviendas de Mijas (ARV), a través de su presidente, Juan Antonio Blanco, exigió ayer la paralización de todos los expedientes sancionadores y de demolición que el Ayuntamiento de Mijas ha interpuesto sobre los vecinos que viven en casas ilegales hasta que se apruebe definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana.
Esta petición del representante de la asociación mayoritaria de afectados viene a colación de la convocatoria de un pleno extraordinario convocado por el Partido Popular mijeño para tratar la problemática en el municipio. «Creemos que es una magnífica oportunidad para que se nos escuche y recibamos apoyo institucional, así como para conocer de primera mano las posibles soluciones», explicó Blanco.
En sus casi 150 kilómetros cuadrados de superficie, lo que le hace ser el tercer municipio más grande la provincia, se calcula que hay algo más de 3.500 construcciones ilegales, según ha confesado recientemente el edil de Urbanismo en el Consistorio mijeño, Juan Cruz, aunque, según el presidente de ARV, en estos momentos hay más de 3.700 expedientes sancionadores abiertos por el ente local.
«Creemos que es una solución real. Queremos que dejen de multar en tanto en cuanto no haya un PGOU que rija el modelo urbanístico», aseveró.
El alcalde se reúne
Mientras tanto, el regidor de Mijas, Antonio Sánchez, se reunió ayer mismo con la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), María del Mar Vázquez, para conocer de primera mano los planteamientos y propuestas de este colectivo. En este sentido, Sánchez avanzó al término del encuentro su disposición para encontrar la mejor solución posible, si bien, recordó que se trata de una situación legalmente compleja.
«Siempre que las soluciones que se nos planteen sean plenamente legales, estaremos dispuestos a trabajar conjuntamente. Es un problema genérico que debemos abordar en profundidad y sin atajos. Desde el Ayuntamiento tenemos voluntad de solucionarlo», esgrimió el regidor, mijeño.
Antonio Sánchez resaltó, además, que se han eliminado las multas coercitivas en la tramitación de los expedientes. Igualmente, hizo referencia al catálogo de construcciones ilegales que elaboran los técnicos del Ayuntamiento de Mijas para abordar el problema «caso por caso».
Representantes de ambas asociaciones de afectados manifestaron ayer su voluntad de «pagar las costes necesarios» para efectuar la regularización de sus viviendas, sin tener que derribarlas.
