El origen de la supuesta estafa se encuentra hace seis años. Entonces, las presuntas víctimas compraron sobre el plano unidades de una promoción que resultó ser «fantasma», de acuerdo con el propio letrado que lleva el caso, el abogado Antonio Flores, titular del bufete con sede en Marbella Lawbird. En la actualidad y pese a que aseguran haber pagado, «no tienen nada, ni promoción, ni dinero y los presuntos responsables aseguran no tener nada que ver con el asunto», indicó el propio letrado. El asunto es grave, en opinión de Flores, ya que los acusados percibieron los depósitos de sus propios clientes sin llegar a suscribir los contratos de compraventa ni a entregar los avales bancarios, tal como obliga la legislación vigente, según explicó. Con estos antecedentes, las intenciones del promotor acusado de este posible fraude inmobiliario, Ricardo Miranda, «no podían ser más sospechosas», en su opinión.
Nunca llegó a ser propietario de los terrenos donde se levantaría la promoción en Estepona. Apenas pagó a su dueño 200.000 euros de los 18 millones comprometidos. El solar sigue calificado urbanísticamente como suelo rústico, indicó Flores. En su declaración ante el juez, Miranda asegura haber devuelto el dinero a la agencia inmobiliaria y se desmarcó de las acusaciones que los querellantes vierten contra él. «No he mantenido relación con ellos ni física ni por escrito», dijo. Flores cree que parte dinero entregado por los compradores fue utilizado por el promotor para adquirir una parcela en República Dominicana. Un solar que, paradójicamente, pertenecía a dos implicados en la operación ´Malaya´. Uno de ellos, el acusado por cohecho y fugado Andrés Liétor.
