El juez instructor del caso Astapa, Jesús Torres, ha nombrado, por medio de una providencia, un perito para que elabore un macroinforme en el que analice si hubo irregularidades en la tramitación o incoación de nueve expedientes relativos a adjudicaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Estepona.
Estos expedientes son relativos a la concesión en 2008 del servicio de recogida de residuos urbanos a una sociedad; las de 2003 y 2008 del servicio de depósitos de vehículos y grúa municipal a dos entidades; la de 2003 por las obras de reforma del Palacio de Congresos; la adjudicación, en 2007, de la organización del II Congreso Mundial de Agencias de Noticias a otra mercantil; la concesión administrativa y de las obras del parking Zapatillo, en 2003; las obras de reforma de la avenida Puerta del Mar, en 2005, y otras contrataciones menores realizadas entre 2006 y 2008.
«Debe emitir un informe que consistirá en el cometido concreto de que proceda a la revisión e informe de posibles irregularidades en la incoación o tramitación de diversos expedientes administrativos que se siguieron en el Ayuntamiento de Estepona», apunta el juez en la providencia, fechada el 10 de enero de 2012.
El nuevo perito es un funcionario adscrito al Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado.
Además, lo autoriza a pedir tanto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona como al grupo 25 de Blanqueo de Capitales cuanta información y medios «necesite para la práctica de la pericia».
Le permite, además, que acceda a los libros de registro, las bases de datos, los expedientes administrativos «o cualquier otro documento con la materia objeto de pericia de cualquier dependencia municipal». La información podrá obtenerla bien a través del juzgado o pidiendo una copia de los documentos que precise.
El caso Astapa fue denunciado en enero de 2007 por el exalcalde socialista David Valadez y su compañera de corporación Cristina Rodríguez, y significó, en junio de 2008, la detención de más de veinte personas, entre ellas el entonces regidor Antonio Barrientos, que pasó casi seis meses entre rejas.
Hoy en día, la instrucción ha alcanzado ya los 99 imputados y tanto la policía como el juez siguen avanzando en una ardua y compleja investigación llena de aristas que pulir y lastrada por la falta de medios y de colaboración de las administraciones públicas.
La Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, pidió durante meses a la Junta que se digitalizara el sumario del proceso y 150 cajas con los documentos intervenidos en los diferentes registros domiciliarios.
A mediados de 2011 la Audiencia Provincial obligó al juzgado a levantar el secreto de sumario para las partes. Este caso de corrupción administrativa llegará en un año a Málaga.
