Benalmádena podría tener dentro de un mes una ordenanza municipal reguladora de uso y disfrute de las playas que prohibirá poner toallas o sombrillas en el tramo de arena entre las hamacas y la orilla. Así lo contempla el texto aprobado ayer de manera inicial por el Ayuntamiento, gobernado por el socialista Javier Carnero.
El objetivo es sancionar los comportamientos incívicos que se suceden en las playas y limitar los espacios reservados a las toallas o la venta ambulante, entre otros.
El documento, que tiene 46 artículos, servirá de «instrumento de concienciación, convivencia y régimen del espacio público, para hacer de las playas un lugar para toda la familia», según la concejala de Playas, Inmaculada Vasco, quien añadió que es «una ordenanza que no tiene nada en particular, ya que es como el resto de municipios que las tienen».
No obstante, su aprobación inicial ha levantado las protestas del PP de Benalmádena, que la considera «restrictiva e injusta» para los empresarios. Según el concejal del Partido Popular Rafael Obrero, limita «en exceso» el uso y disfrute del litoral, además de someter a los empresarios de playas a una responsabilidad «inusual e injusta».
Concretamente, hace hincapié en el artículo 19 del documento, que hace referencia a la prohibición de colocar sombrillas o toallas entre las parcelas de los hamaqueros y la orilla de la playa. Según la concejala de Playas, esto es así porque «esas zonas están concesionadas y pasan a ser propiedad de los hamaqueros, pero en el resto de la playa, exceptuando las zonas de paso, se pueden poner».
Por otro lado, el artículo 22 establece que los hamaqueros serán los encargados de controlar y prohibir la venta ambulante en sus zonas, ya que al ser dichas zonas una concesión pasan a ser responsabilidad de ellos. En este sentido, el PP considera «intolerable que el gobierno tripartito, a través de esta normativa, obligue a los empresarios de las playas a prohibir la venta ambulante, contemplando sanciones económicas para aquellos que no lo hagan». «Esta competencia no es de los empresarios de las playas sino de la Policía Local y consideramos
inaceptable que se sancione a unos empresarios que no disponen de autoridad y que no tienen por qué enfrentarse directamente con los vendedores ambulantes», explicó Rafael Obrero.
Moragas y horarios. En cuanto a la celebración de moragas, recogida en el artículo 29, se deberá avisar con una semana de antelación y habrá que depositar un aval de 50 euros para obtener el permiso, que podrá recogerse en cuanto se compruebe que no se han ocasionado desperfectos en la playa, algo que el PP tampoco ve con buenos ojos, «pues en este tiempo de crisis no se debe castigar más los bolsillos de los vecinos por disfrutar de una tradición tan antiquísima como es hacer una moraga». También critica que «no pueda hacerse uso normal de la playa antes de las 11 de la mañana durante los meses estivales», pero el PSOE explica que es para que no se interfiera en la limpieza de las mismas.
