Hace ya dos meses que el pleno del Ayuntamiento de Mijas aprobó los presupuestos generales que regirán las políticas y acciones del ente local costasoleño pero todavía colean algunos aspectos del mismo. En el apartado de «otros ingresos» del documento económico, los responsables gubernamentales del municipio prevén recaudar hasta un 56% más que durante el pasado curso político.

En cifras, el Consistorio asegura que ingresará, en concepto de multas, 1.056.003 euros frente a los 450.000 euros que, en 2011, presupuestó el gobierno del entonces alcalde socialista, Antonio Sánchez.

Entre los conceptos, las cuentas desglosan multas por infracciones urbanísticas (15.000 euros); multas por infracciones tributarias (166.000 euros); multas por sanciones de tráfico (875.000); o sanciones de orden público y medio ambiente que, tan sólo, se cuantifican en un euro cada una.

Unos datos que, para la oposición mijeña, representan el «afán recaudatorio» del gobierno que lidera Ángel Nozal.

«En los últimos meses, hemos asistido a la aprobación de una ordenanza tras otra que desglosa al mínimo detalle cada aspecto de la convivencia ciudadana para que resulte más sencillo aplicar procedimientos sancionadores. Sólo pretenden ingresar más en las arcas municipales y no puede ser que los ciudadanos paguemos la mala situación económica de, en este caso, el Ayuntamiento», sostuvo el viceportavoz del grupo municipal Socialista en Mijas, Nicolás Cruz.

El concepto más significativo, para el edil socialista, es el crecimiento de la previsión de sanciones de tráfico. Ésta pasa de 200.000 euros en 2011, a 875.000 euros para el presente año.

Evitar incivismo. Dede el gobierno local, su portavoz, Mario Bravo, reconoce el incremento exponencial de las previsiones de ingresos y las justifica asegurando que en la partida de multas de tráfico, en concreto, en 2012 se van a cobrar sanciones interpuestas desde 2009.

«De ahí, fundamentalmente, el crecimiento tan grande de nuestros ingresos por multas. El gobierno anterior ponía multas, pero no las cobraba. Las dejaba en el Patronato Provincial de Sanciones, dependiente de la Diputación de Málaga y no llegaban a nuestras arcas municipales. Hemos reclamado estas cantidades que pensamos ingresar este mismo año», explicó el edil.

Asimismo, Bravo no negó la mayor restricción de las nuevas ordenanzas sobre los vecinos del municipio así como la rigidez de muchas de ellas aunque siempre, asegura, para mejorar la convivencia vecinal y no para recaudar más.

«No hay afán recaudatorio. Se trata de garantizar el derecho a vivir en paz y tranquilos de los buenos ciudadanos de Mijas. No hay derecho a que tengan que soportar determinados comportamientos incívicos y que nosotros no hagamos nada», concluyó.