Han tenido que pasar tres días desde el registro de la moción de censura en Benalmádena para poder conocer cuáles fueron las motivaciones que llevaron a Francisco Salido, líder de UCB, a pactar con el PP para arrebatarle la alcaldía a Javier Carnero (PSOE), con el que hasta ahora gobernaba en tripartito acompañado también de IU.

Después del 12 de junio parece haber un antes y un después en la opinión de Salido respecto al equipo con el que gobernaba, y es que donde antes dijo digo, ahora dice Diego. Si hasta ese momento defendía a capa y espada el pacto para cuatro años y la unión que existía entre los tres partidos, ahora critica que «se le engañó día a día» y «se les mantenía al margen» de las decisiones que se tomaban en el Ayuntamiento.

Incluso ayer llegó a acusar en rueda de prensa a Carnero por «una presunta encerrona» en torno a la gestión del puerto deportivo de Benalmádena, de la que el alcalde es presidente del Consejo de Administración y Salido consejero delegado.

En este sentido, explicó que en febrero de este año le entregaron «una serie de ocho contratos menores, que unidos son uno mayor, por un valor de 500.000 euros» para que él los firmara. «Eran unos contratos de asistencia jurídica, técnica y financiera enmascarados, relacionados con la ampliación del puerto y para pagar una cantidad de dinero que debía de haberse sacado a licitación. Fue una presunta encerrona, porque si los llego a firmar cometo una gran ilegalidad muy a mi pesar, ya que como consejero delegado del puerto no tengo competencia en la ampliación», describió Salido, al tiempo que insinuó que «si los contratos no eran ilegales, ¿por qué no los firmó Carnero?».

Por su parte, Javier Carnero aseguró que estas acusaciones son «totalmente inciertas» y defendió que «la responsabilidad de todo lo que ocurra en el Ayuntamiento y, en este caso, en el puerto deportivo, es hasta el último momento del equipo de gobierno y en concreto del alcalde de Benalmádena y del presidente del consejo de administración del puerto». Además, insistió en que «todos los ciudadanos saben ya el valor que tiene la palabra de Salido y el que tiene la mía».

El puerto de la discordia. En este sentido, Carnero dejó claro que si alguien tiene que hablar de irregularidades es él. «Hemos tenido conocimiento en las últimas 48 horas de que, presuntamente, personas del entorno de Francisco Salido y del secretario del consejo de administración del puerto, José Manuel López Merino, estaban sacando de las oficinas documentación de la gestión del recinto portuario», aseguró.

«Como alcalde y presidente del consejo de administración del puerto, me desplacé al recinto y solicité las grabaciones de las cámaras de seguridad desde el pasado viernes, además de ordenar el bloqueo de forma cautelar de los ordenadores. Entonces, López Merino no acató estas órdenes, y se niega a recibir la notificación por parte de la Policía Local. Este secretario no tiene ninguna potestad para negarnos el acceso a la documentación, y ha utilizado como recurso para negarse a acatar las órdenes dadas un escrito que supone un atentado contra la potestad del presidente del Consejo de Administración», denunció Carnero.

Así, aclaró que siendo el responsable de la documentación que haya en el puerto, debe «velar tanto para que ni desaparezca como para que no se incorpore» y corroborar si han sustraído documentación. «Nos parece sospechoso que la persona que pone la moción de censura sea la que saque documentación del puerto, si se confirma que lo ha hecho», valoró.

Guerra abierta entre partidos. Salido fue ayer el primero en abrir la veda. Las acusaciones que vertió sobre Carnero se centraron en la ampliación del puerto, ya que aseguró que «el alcalde quería vender la gestión del 95% del puerto, algo que UCB no puede permitir que ocurra porque es la joya de la corona de Benalmádena». Carnero lo desmintió dejando claro que la Junta no lo permite y su intención era la de gestionarla al 50%. Además, el alcalde también desmintió que, tal y como lo acusó Salido, «no se haya hecho nada hasta el momento por la ampliación del puerto», siendo el día 25 de julio la fecha límite para presentar a la Junta de Andalucía los proyectos de ejecución y de viabilidad para la ampliación.

«Se creó una comisión técnica en la que participaban tanto PSOE e IU como UCB, además del propio interventor», explicó, al tiempo que aseguró que «todos los desacuerdos con Salido han sido originados por nuestro empeño de desarrollar todo el proceso administrativo con luz y taquígrafos». Y es que «Salido quería que la empresa elegida para la ampliación fuera una local de reciente creación y de su círculo, pero tiene que salir a concurso», dijo.