El Ayuntamiento de Torremolinos no sancionará a los responsables de ocho chiringuitos de playa de la localidad por ocupar, según agentes de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, más espacio del otorgado en su concesión marítimo-terrestre. El alcalde de la localidad, Pedro Fernández Montes, justificó esta decisión por la «estrecha vinculación que estos restaurantes tienen con la economía del municipio (...), su valor turístico municipal (...) con el fin de favorecer la regularización de las instalaciones de playa», entre otros motivos.

El propio munícipe recibió los días 15, 16 y 18 de abril de este mismo año varias comunicaciones, por parte del ente regional, en las que se les conminaba a iniciar un total de ocho expedientes sancionadores al entender que otros tantos locales de playa excedían los metros que se le ofreció en concesión. El pasado 2 de mayo, Fernández Montes presentó una alegación para responder a este requerimiento de la Junta en la que solicitó la nulidad y archivo del citado expediente sancionador.

«Por falta de tipificación de la infracción (...) la no concurrencia de imputación de esta corporación, debido a que el Ayuntamiento no es autor, no ha participado, ni es responsable de los presuntos hechos que se le imputan; y en definitiva, por la indefensión que le causa la ausencia absoluta de pruebas», alegó en el documento el alcalde torremolinense.

Asimismo, entre los argumentos que esgrimió el máximo responsable de la política municipal de Torremolinos, se encuentra un acuerdo plenario del 31 de julio de 2012 en el que la corporación municipal solicitó a la Junta el mantenimiento de las actuales concesiones «con las mismas características, medidas y ubicaciones que las otorgadas» y que quedaron en precario en mayo de 2013.

Una petición que Fernández Montes aprovechó para reivindicar en su escrito e hizo «extensiva a todos los establecimientos de playa de Torremolinos».

Fuentes cercanas a la Delegación de Medio Ambiente no valoraron la alegación presentada el pasado mes de mayo por el Ayuntamiento de Torremolinos. Estas mismas recordaron que pertenece a las entidades locales ejercer la acción sancionadora y que se trata de un proceso complejo.

Así, ahora la alegación del Consistorio pasará a manos de la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta, y finalmente, a la Demarcación de Costas.