El Juzgado de lo Social número 8 de la capital ha declarado nulo el despido de la exedil del Ayuntamiento de Manilva Carmen Ferrándiz de su puesto como auxiliar administrativo, al entender, como ella misma alegó en el juicio, que estuvo motivado por diferencias políticas. El municipio estuvo gobernado hasta junio por IU, cuando la alcaldesa, Antonia Muñoz, y seis de sus concejales abandonaron la formación acosados por varias investigaciones judiciales.

El juez condena al Ayuntamiento a readmitir de forma inmediata a la demandante, en las mismas condiciones anteriores al despido, con el abono de los salarios que habría dejado de percibir desde su despido, a mediados del pasado año. Además, declara expresamente que el Consistorio «vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de indemnidad».

Ferrándiz perteneció primero al Partido Democrático de Manilva (PDEM), luego se integró en el PP y finalmente constituyó otra formación, la Unión Democrática de Manilva, con el que concurrió a las elecciones de 2011. Tras las mismas, solicitó reincorporarse a su puesto de trabajo, ubicado en el edificio de usos múltiples, donde «no le dan ocupación al estar todos los puestos cubiertos y la envían a la Tenencia de Alcaldía de Sabinillas, donde empieza a desarrollar su trabajo en el Registro General de Documentos», precisa el togado.

Auxiliar administrativo. La demandante empezó a prestar sus servicios el 29 de marzo de 2004, como auxiliar administrativo, pero fue concejal del PP entre 2007 y 2011.

El Ayuntamiento «no ha acreditado los criterios objetivos y racionales que conducen a seleccionar precisamente a la demandante, del conjunto de trabajadores laborales de su misma categoría profesional, como candidata al cese», precisa.

Dice el togado que hay otros trabajadores en la plantilla de igual categoría, con menos experiencia y antigüedad, a los que no se ha despedido. El Consistorio dice que sólo tomó en consideración los puestos del Registro de Documentos, donde ella trabajaba, pero el juez opone a ello el hecho de que no se hayan adoptado medidas similares considerando la totalidad de los departamentos municipales.

Acreditó su versatilidad. En el caso de la exedil popular, además, ésta había acreditado su versatilidad al haber pasado por diferentes departamentos en su carrera laboral. «Se hizo una construcción ficticia de la necesidad en lo que se refieren a la selección de la trabajadora», indicó.

Ferrándiz aseguró que su despido del Consistorio, gobernado hasta junio por IU, fecha en la que siete concejales y la alcaldesa, Antonia Muñoz abandonaron esa formación acosados por la justicia, obedeció al hecho de haber presentado «determinadas denuncias y discriminación por sus ideas o posiciones políticas, consecuencia de su afiliación a una determinada fuerza adversaria de la que dirige el gobierno municipal».

Discriminación. Ella declaró como denunciante en un asunto que se tramita en un juzgado de Estepona, y además, el hecho de que haya sido ella la elegida para el despido, de entre sus compañeros, obliga a pensar en la conclusión de que «la empleadora, aprovechando la concurrencia de las difíciles circunstancias económicas por las que atraviesa, se ha amparado en éstas para desprenderse de la demandante sin otro motivo que su identificación política. El despido debe ser calificado como nulo». Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación.