El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Málaga ha condenado al Ayuntamiento de Mijas a devolver más de 600.000 euros a una promotora inmobiliaria, además de los intereses de demora correspondientes, que fueron ingresados en las arcas municipales entre los años 1995 y 2005 por un convenio urbanístico que nunca llegó a ejecutase porque entró en vigor el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol, que impidió el desarrollo del proyecto al calificar los suelos como no urbanizables de especial protección territorial.
El convenio urbanístico firmado en 1994 entre el Ayuntamiento de Mijas y la empresa Nueva Entrerríos S.L. preveía el desarrollo de un sector que no se llegó a incluir en el Plan General de Ordenación Urbana de 1999. Sin embargo, la promotora ingresó en 1995 en las arcas municipales 150.000 euros.
En 2001, empresa y Ayuntamiento firmaron otro convenio por el que se detallaba que en el sector se construirían 770 viviendas y un campo de golf. Merced a este nuevo acuerdo, la promotora ingresó en el Ayuntamiento otros 150.000 euros, así como 306.000 euros por la redacción del proyecto del desdoblamiento del Camino de Coín.
