Tribunales

La jueza volverá a tomar declaración a la alcaldesa de Manilva en diciembre

La magistrada cita de nuevo a Antonia Muñoz como imputada por las supuestas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de la localidad

22.10.2013 | 05:00
Antonia Muñoz.
Antonia Muñoz.

La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, ha sido llamada de nuevo a declarar por la jueza que investiga las presuntas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento. Así queda reflejado en la providencia que la magistrada Mariana Peregrina lanzó el pasado 2 de octubre por la que cita a la regidora en calidad de imputada el próximo 2 de diciembre a las 10.00 horas en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona. Esta nueva convocatoria no responde a ningún nuevo cargo contra Muñoz, sino a un intento de la magistrada por conocer la versión de la alcaldesa sobre sus acusaciones, ya que en febrero de 2011 fue convocada por la misma razón aunque se acogió a su derecho de no declarar. Entonces apenas permaneció 15 minutos en la sede judicial, aunque a su salida aseguró que respondería a las cuestiones planteadas por la jueza «por escrito antes de que acabe el mes para aportarle toda la información sobre mi gestión en estos cuatro años».

La investigación inicial de la Guardia Civil en torno a la alcaldesa tiene varias patas, siendo la original sobre presuntos delitos contra la Administración. Aquí destacan las supuestas irregularidades en la contratación laboral desde que el equipo de gobierno tomó posesión en 2007, las cuales en algunos casos tendrían vinculación con responsables municipales o de IU. Así, en varios informes que suman más de 500 folios y remitidos al juzgado el pasado mes de mayo, se detallan los documentos aportados y se analiza dicha documentación. A juicio de la Guardia Civil, «se llega a la conclusión de que existen indicios racionales que hacen sospechar que se ha realizado un considerable número de contratos de trabajo que, al parecer, han sido formalizados sin tener en cuenta los preceptos legales». En otro documento se apunta que «llama poderosamente la atención que durante el análisis de la documentación relativa a las incidencias de las nóminas conste que algunos empleados han percibido compensaciones económicas por haber realizado más de 24 horas extras –normales o festivas– durante el mismo día».

Hace unos meses, en junio, se supo que la Guardia Civil presentó un oficio en el que solicitaba investigar el patrimonio de la alcaldesa, que una semana antes había abandonado IU pero no su cargo, sobre algunos familiares y sobre varias sociedades. Los investigadores denunciaban presuntas irregularidades del Ayuntamiento en materia económica –contratación de obras y servicios que supuestamente se habrían adjudicado trabajos a empresas vinculadas a miembros del Gobierno local–, por lo que hicieron un estudio patrimonial previo a la regidora y a su entorno más directo (su marido, a un primo y la esposa de éste), observando «indicios racionales en relación con la existencia de un patrimonio excesivo por parte de ciertos investigados, así como la posible utilización de fondos públicos de forma irregular». En el caso de Muñoz, según consta en los datos del catastro, tenía en octubre de 2011, bien al 100 por 100 o bien al 50% con su marido, varias propiedades, «siendo su valor catastral de 988.584 euros», según se indica en el oficio de los agentes, en el que se pide información tributaria sobre operaciones, cuentas bancarias y otros datos de expedientes fiscales desde junio de 2007.

Los investigadores solicitaron contar con la ayuda de la Agencia Tributaria. La jueza, en una providencia, dijo que se diera traslado a la petición al secretario del juzgado para que «proceda a la investigación patrimonial» de las cuatro personas y ocho sociedades, aunque, según fuentes judiciales, la investigación no se había iniciado al haberse dado traslado al fiscal por si insta otras actuaciones. En esa misma providencia, la instructora de la causa pidió al Ayuntamiento, la Junta y la Diputación, según el caso, documentación de sociedades sobre su patrimonio, pagos realizados por el Consistorio, justificación de fondos y contrataciones.

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