Las reacciones tras conocerse la imputación del alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes (PP), que el próximo 5 de marzo está citado a declarar ante el juzgado número 4 de la localidad, por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental no se han hecho esperar.

Tanto José Ortiz (PSOE) como Begoña Romero (IU) se mostraron ayer muy críticos con la gestión de una zona del planeamiento urbanístico del municipio costasoleño donde se prevé la construcción de un campo de golf de 18 hoyos y cerca de un millar de viviendas.

A ninguno de los dos portavoces municipales les sorprendió que la Audiencia Provincial haya encontrado indicios de delito en la supuesta venta a un precio menor de parte del aprovechamiento público del reseñado sector. Y coincidieron al apuntar que falta transparencia en la gestión de los contratos municipales o en las facilidades para que ambas formaciones reciban la documentación solicitada en más de una ocasión.

Ortiz especificó a este periódico: «Desde un principio nos parecía de bastante gravedad este asunto. Parece ser que al reabrirse el procedimiento es que hay indicios de delito. De otra forma no habría imputación. Todo apunta a que no ha habido ni medidas de control ni concurso público. Pero lo especialmente significativo es que presentamos una moción al pleno, en una de las últimas sesiones del pasado año, con la intención de que cautelarmente el gobierno frenase cualquier tramitación en dicho sector urbanístico, y recibimos una respuesta tajante del alcalde, diciéndonos que no había caso porque este asunto iba a volver a archivarse».

Como ya avanzó ayer La Opinión de Málaga, en efecto, hubo un primer archivo de las diligencias abiertas, pero la parte denunciante recurrió a la Audiencia Provincial, que continúa el proceso y ha citado a declarar como imputado al alcalde torremolinense el 5 de marzo.

Para la portavoz de IU, Begoña Romero, Pedro Fernández Montes «firma los contratos con mucha opacidad. Nos sorprende que al alcalde no se le haya investigado antes. El hecho de que la Audiencia Provincial haya ordenado reabrir el caso nos hace pensar que hay indicios de delito más que suficientes, pero viendo la experiencia del juez, que parece que en primera instancia no tenía mucha voluntad de mirar el caso, vamos a estar a la expectativa como grupo político», argumentó la edil.