Si la burocracia continúa su curso y nadie lo detiene, la empresa Repsol comenzará en febrero de 2015 a realizar las prospecciones de hidrocarburos en la Costa del Sol. El proyecto, que fue aprobado en 2004 por el Gobierno central, se denomina Siroco y supondría la instalación de una plataforma semisumergible anclada a ocho kilómetros de la costa mijeña, a la altura del Faro de Calaburras, y doce kilómetros del sureste de Fuengirola.
La iniciativa se encuentra en su segunda fase, es decir, en el conocido como «sondeo exploratorio» donde ya se realizarían las prospecciones.
«El proceso de la Costa el Sol está más avanzado que el de la Islas Canarias. Hablamos de tan sólo unos meses para tener esta infraestructura en nuestro litoral con el riesgo que ello supone para el medio ambiente y para el turismo», apunta Librada Moreno, miembro del Movimiento Ciudadano contra las Prospecciones en la Costa del Sol.
Tras la aprobación del proyecto no sería hasta 2007 cuando la empresa consiguió la Declaración de Impacto Ambiental y procedió a los «estudios sísmicos» referentes a esa primera fase del proceso. Después de este paso, la mercantil ha obtenido dos prórrogas para comenzar los trabajos de la siguiente etapa, plazo que acabaría el año que viene.
En este sentido, la Declaración de Impacto Ambiental establece unas fechas para que las prospecciones no interfieran en los movimientos migratorios de los animales marinos ni en el turismo de la zona. Por ello, los trabajos han de realizarse en los meses de febrero a abril.
El movimiento ciudadano en contra de este proyecto ha exigido recientemente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo un estudio sismológico del Mar de Alborán.
«El informe de la empresa no tiene validez oficial porque no se ha realizado con los medios adecuados» señala Librada Moreno, quien asegura que «la Costa del Sol es una zona caliente propensa a los terremotos».
Este colectivo se opone rotundamente a las prospecciones de hidrocarburos y pide que «se le retire el permiso a Repsol» y que «se aplique el principio de precaución».
Así pues, una vez asentada la plataforma semisumergible se comenzaría a perforar el lecho marino hasta una profundidad de 1.600 metros, para comprobar la existencia de gas o petróleo en el subsuelo malagueño.
Si se encontraran los hidrocarburos se procedería al sellado del yacimiento hasta obtener los permisos de extracción.
El movimiento ciudadano vuelve a movilizarse en los próximos días para informar a los vecinos de los riesgos que supone tener en la playa ese tipo de infraestructuras.
