Había permanecido en el cargo a pesar de escándalos y más escándalos, de denuncias y más denuncias por presuntos delitos de enchufismo y otras circunstancias que la convirtieron en centro de atención nacional. Pero ayer, por sorpresa, cuando la mayoría de sus vecinos menos lo esperaban, la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, ofreció una rueda de prensa sin admitir preguntas para anunciar su dimisión. Su primer teniente de alcalde, Diego Urieta, será su sustituto.
Antonia Muñoz deja el cargo acosada por los supuestos casos de «enchufismo» en la contratación de familiares o de personas vinculadas al equipo de gobierno. Atrás, deja una trayectoria de 30 años en la política municipal: es concejala desde 1987 y alcaldesa desde 1999, con el paréntesis de 2003 -año en que perdió las elecciones- a 2007, cuando volvió a la alcaldía tras un pacto con la Agrupación Socialista Manilveña, una escisión del PSOE de la localidad.
Antonia Muñoz culminó ayer una crónica anunciada, después de que a principios del verano de 2013 Izquierda Unida solicitara su baja y la de sus siete concejales. En aquel momento las peticiones formuladas desde las direcciones regional o nacional del partido fueron insistentes ante los supuestos casos de enchufismo. De esta manera, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manilva pasó a estar integrado por ediles «no adscritos» a ningún partido. Abandonaron el partido por el que fueron elegidos, pero no así las actas de concejales.
La regidora se cuidó ayer de pronunciar palabra alguna sobre las causas judiciales que mantiene abiertas. Se limitó a especificar que dimite «por muchos factores». Y remarcó que será un abandono total de la vida política para dedicarse a su familia. Paradójicamente, algunos de sus miembros figuran como imputados por presuntos delitos de prevaricación o de malversación de caudales públicos.
Escándalo tras escándalo
Una de las últimas causas abiertas fue divulgada el pasado 30 de septiembre a través de estas páginas. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, a instancias de la Fiscalía, abría tres piezas separadas por su gestión en el Ayuntamiento y presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales y, en el marco de dicho procedimiento, solicitaba a la Fundación de Manilva para el Desarrollo y la Delegación de Educación de la Junta información sobre un curso y un taller de empleo.
En la documentación figuran supuestas contrataciones irregulares de personal, así como el pago de horas extra o gratificaciones que podrían resultar «excesivas». Así, un trabajador habría recibido dietas y pagos por su trabajo extra que sumarían más de 24 horas por cada jornada. Se investigan asimismo pagos del Consistorio a tres empresas vinculadas al entorno de la regidora o el trasvase de fondos a entidades municipales.
El mismo juzgado esteponero ya citó a declarar en diciembre del pasado año a la alcaldesa, después de su dimisión como militante de Izquierda Unida, en virtud de la investigación abierta por la Guardia Civil sobre supuestas irregularidades en la contratación laboral desde que accediese al gobierno manilveño en 2007. Apenas unos meses antes, en septiembre, la Fiscalía de Málaga elevaba un escrito a los juzgados para que se siguiera investigando dos presuntos delitos de prevaricación urbanística cometidos al conceder sendas licencias para construir dos urbanizaciones en el municipio que suman más de 170 viviendas.
La alcaldesa, en diciembre pasado, alegó no obstante que se hallaba enferma para acogerse a su derecho a no declarar. Y hace sólo una semana tampoco acudió a la cita prevista en el mismo juzgado su hija -en este caso la declaración se aplaza al 3 de noviembre-, que iba a ser interrogada como otros exintegrantes de IU, imputados por supuestos delitos de prevaricación y malversación.
